Detrás de los escandalosos hechos de nepotismo que los involucrados pretenden minimizar escudándose en tecnicismos, se esconde una visión del Estado que se denomina Estado patrimonialista, en el que los gobernantes no distinguen entre el patrimonio personal y público, y ven los asuntos y recursos del Estado como si fueran sus asuntos personales.
De esta manera, los recursos del Estado, el dinero público, el presupuesto, son vistos como una posibilidad de enriquecimiento; a estos recursos se puede acceder a través de contratos públicos o empleo y aquí el partido político juega el rol de agencia de colocación, lo que lleva, por tanto, a la construcción de una percepción de que el empleo público no es un servicio, sino el uso de los recursos en favor de amigos y familiares, y, por tanto, a la función pública se accede no por méritos, sino por privilegios.
Es imposible determinar si en el Paraguay la situación que vivimos sería la misma si fuéramos un país donde la alternancia política fuera la norma. Lo cierto es que somos un país en el que lleva en el poder el mismo partido político desde el año 1947: el Partido Colorado.
Refería recientemente el historiador Herib Caballero que en la época de los españoles estaba prohibido al gobernador tener matrimonio con una súbdita de su jurisdicción, para evitar vinculación con las familias locales. Y explica que esta habría sido una de las causas de la revolución de los comuneros contra el gobernador Diego de los Reyes Balmaceda, que se había casado con una asuncena. Por esto, en los años siguientes, los gobernadores se valían de terceras personas como testaferros para comerciar algunas actividades que por leyes les estaban prohibidas.
A principios del siglo XX se promulgó la primera ley del servicio de la administración pública que intentaba generar una carrera pública; sin embargo, este proceso terminó tras la Guerra del Chaco por diversos factores y luego ya se inicia lo que denominan los historiadores como la hegemonía colorada. El proceso se solidifica con la dictadura de Stroessner, donde se refuerza la visión de que el Estado solo pertenece a un determinado grupo político.
Después de siete décadas la visión ha terminado de permear en la sociedad. Finalmente se impuso la perspectiva de que lo público no es un recurso que debe estar al servicio de todos, sino que es una oportunidad de la cual beneficiarse, siempre que se cuenten con los debidos contactos gubernamentales.
Por eso, antes de unas elecciones generales, un gobierno colorado reparte millones de dólares en aumentos y subsidios para los funcionarios, que son un electorado cautivo, y por eso desde el Congreso se aprueban expropiaciones sin rigor y muy frecuentemente en perjuicio del propio Estado paraguayo, como es el caso del escándalo reciente de la finca 916 de Remansito; o se salva a correligionarios con problemas de títulos universitarios dudosos como es el caso del senador colorado Hernán Rivas.
La deducción que se hace es la siguiente: si el Estado y sus recursos son de un partido político desde hace 70 años, por qué estaría mal que obtenga millonarios salarios la hija del vicepresidente de la República, o sea nombrado el hermano del consuegro del presidente; y la extensa lista de hijas e hijos de diputados.
¿Cómo comenzamos a cambiar esta visión? ¿Cuál es el camino a seguir para convertirnos en una nación moderna que cuida su democracia y cree en el estado de derecho? La ciudadanía será un factor clave en la recuperación de los valores democráticos y en la institucionalización del país.