El directivo señaló que los episodios de violencia entre instituciones educativas emblemáticas de Asunción persisten desde hace años y requieren una respuesta conjunta de las autoridades, los colegios y las familias.
“Lastimosamente, esto ha perdurado, ha subsistido durante tanto tiempo”, afirmó en Radio Nacional.
Tras los últimos incidentes, el martes mantuvieron una reunión con los directores de los cuatro colegios afectados, representantes de la Policía Nacional y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en la que acordaron implementar medidas para prevenir nuevos enfrentamientos.
El director confirmó que fueron identificados 27 estudiantes involucrados en los hechos, pertenecientes a diferentes turnos y cursos, incluidos alumnos de la Educación Escolar Básica. Los casos fueron denunciados ante la comisaría jurisdiccional y serán elevados ante el Ministerio Público.
Entre los episodios denunciados, mencionó el ataque contra el CNC, cuya infraestructura fue apedreada, además de los incidentes registrados en los colegios Nacional Presidente Franco, Ysaty y Stella Maris. “Fue un asalto con mucha violencia”, expresó sobre el ataque a su institución.
Como parte de las medidas de prevención, se dispuso reforzar la presencia policial en los horarios de entrada y salida, además de aumentar la vigilancia en los alrededores de las instituciones.
También se prevé que algunos estudiantes afectados por la situación pasen a la modalidad de educación a distancia, mientras continúan las acciones para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
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“Si esto no lo asumimos de manera conjunta con los colegios, MEC y los padres, esto no va a tener una solución rápida”, sostuvo.
Defensoría pide acción
Por su parte, la Defensoría del Pueblo instó al MEC a reforzar los protocolos de prevención y garantizar acompañamiento psicológico; a la Policía Nacional a fortalecer la seguridad preventiva en los alrededores de los colegios y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, a activar los mecanismos de protección de estudiantes en situación de riesgo.
“La violencia escolar no puede ser normalizada ni considerada una simple rivalidad estudiantil. La integridad y seguridad de los adolescentes deben ser una prioridad del Estado”, sostuvo el defensor del Pueblo, Rafael Ávila Mack.
