La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés presentó ayer dos notas ante la Fiscalía General del Estado en las que solicitan mayores avances en las causas, además de la unificación de los casos relacionados con la trama delictiva de estafa que afectan a miles de víctimas y la inclusión del tipo penal de asociación criminal en el proceso.
También piden la investigación de la adquisición de vehículos de alta gama por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con precios muy por lo alto al precio de mercado.
Tras la presentación de las notas en la Fiscalía General, un grupo de víctimas se manifestaron frente al Ministerio Público, con pancartas y banderas.
Al respecto, Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora de Víctimas, explicó que uno de los pedidos apunta a que los procesos sean reunidos en una sola causa y caratulados como asociación criminal, considerando la presunta estructura organizada detrás de los hechos.
“Presentamos un pedido de unificación de las causas, teniendo en cuenta la magnitud de la situación y que es una asociación criminal y que va ligada con la corrupción, por lo que dos unidades especiales de la Fiscalía deben centralizar todos estos datos, que son las unidades de Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Esa propuesta y esa exigencia les traemos al fiscal general del Estado”, explicó Coronel.
En ese sentido, reclamó que todo estos pedidos, la Fiscalía ya hubiera hecho de oficio para avanzar en las investigaciones, teniendo en cuenta que miles de víctimas siguen sufriendo los embargos y descuentos compulsivos de sus salarios, mes a mes, de manera irregular.
Criticó que las leyes en nuestro país no se cumplen, porque “el poder judicial está dominado por la mafia”.
la compra de vehículos. Pedro Coronel señaló que la otra nota tiene relación a la adquisición de vehículos de alta gama por parte de la Corte Suprema de Justicia, aparentemente con sugestivas irregularidades en el precio de compra. “Vemos nosotros que hay una diferencia sustancial entre el precio de la compra, lo que ellos (los ministros de la Corte) pagaron y el precio de mercado de esos vehículos”, cuestionó el vocero de las víctimas.
“Entonces, exigimos una investigación al respecto y caratularla como lesión de confianza y que la Fiscalía trabaje que esa es su función”, mencionó Coronel.
Por último, desde la Coordinadora señalaron que buscan garantizar transparencia en las investigaciones y avanzar en el esclarecimiento de las denuncias, en resguardo de los derechos de las personas afectadas. También remarcaron la preocupación de los afectados ante lo que consideran una falta de respuestas contundentes por parte del Ministerio Público.
Solicitan mayores avances en las causas, además de la inclusión del tipo penal de asociación criminal en el proceso. También piden la investigación de la adquisición de vehículos por parte de la CSJ.
