Piden que estos abogados puedan asistir jurídicamente e intervenir en todos los juicios civiles y penales donde se estén cobrando doblemente a las víctimas por pagarés ya cancelados.
“Miles de ciudadanos paraguayos honestos y trabajadores –en su mayoría funcionarios públicos, docentes, policías, militares y jubilados– impunemente desde hace décadas siguen soportando graves violaciones de derechos humanos contra sus patrimonios económicos”, expresó Ana Belinda Páez, una de las víctimas.
La docente recordó que los que están detrás de estas demandas a través de pagarés es “una estructura criminal compuesta por directivos de casa de venta de electrodomésticos de maletines”. Estos trabajarían en complicidad de funcionarios bancarios y servidores públicos, específicamente los operadores de Justicia.
La mujer tildó a los daños generados por toda esta rosca mafiosa, como una de las mayores estafas colectivas de América Latina y el mundo entero, que “dejó a su paso cientos de fallecidos, producto de la afrenta, ultraje, degradación y violencia usuraria”.
La nota que llegó al defensor general fue acompañada por otras víctimas, que afirman que “el Estado no puede ser sometido por el crimen organizado”.
Además, solicitaron que se pueda individualizar a las víctimas de los juicios ya juzgados y comprobar si se duplicaron los cobros en diferentes juicios, donde se utilizó el mismo documento ejecutivo, es decir, el mismo pagaré. Por último, pidieron nuevamente el cese inmediato de los embargos ilegales, que personas inocentes siguen sufriendo por años.
CINCO JUZGADOS. Hasta el momento, el Ministerio Público sacó imputación contra funcionarios de cinco juzgados de Paz de Asunción, en los que estarían involucrados jueces, actuarios, ujieres y oficiales de Justicia. Estos –según el Ministerio Público– operarían en conjunto con abogados de casas de crédito que habrían comprados pagarés ya saldados o habrían falsificado pagarés.
