Pedro Coronel explicó que los datos específicos que se tienen dan cuenta de que la nueva Ley de Saneamiento de los Juicios Ejecutivos “no tendrá un impacto grande si es que no hay una ley complementaria”, ya que solo ayudaría al 11% de las víctimas.
Solamente ese promedio sabe que sus expedientes no están en los juzgados.
“El 21% tienen algunos expedientes en los juzgados y el 55% de los compañeros no saben dónde están sus expedientes, no saben qué juzgado ni qué empresa le descuentan”, lamentó.
Habló que son aproximadamente 9.350 víctimas, que tienen un promedio de 12 juicios ejecutivos en su contra, los que no saben nada de sus causas, lo que arroja alrededor de unos 100.000 expedientes que no saben ni en qué ciudad o juzgado está.
“¿Qué solución tendrá esto? Únicamente si los expedientes se trasladan a los distritos de residencia de las víctimas, en donde realmente puedan ellos ejercer su defensa que es un derecho constitucional, es un derecho de proceso y una nueva ley es únicamente lo que puede complementar y hacer efectiva esta ley (antimafia)”, citó.
USD 50 millones anuales sin solución
A estas personas, que desconocen en qué ciudad o juzgado se encuentra su pagaré, se les continúan realizando descuentos, lo que genera una recaudación mensual por descuentos compulsivos de G. 26.000 millones, equivalentes a casi USD 50 millones anuales. Es por ello, que desde la Coordinadora, exigen un saneamiento completo de la Justicia paraguaya, para poder erradicar a toda la estructura de la mafia de los pagarés.
“Acá debe haber una política del Estado para que la gente pueda tener acceso a la defensa y la estructura de la mafia sea erradicada por completo”, expuso Pedro Coronel.
En ese sentido, reiteró el pedido de que se trate el juicio político para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. “Todo esto es a causa de la inacción de la Corte Suprema de Justicia”, sentenció, refiriéndose a la instrumentalización de la Justicia para beneficio de la mafia de los pagarés.
