Las víctimas también piden al fiscal general, Emiliano Rolón, la reasignación de las denuncias penales a Asunción, debido a que muchas de ellas se encuentran equivocadamente aún en la Fiscalía de San Lorenzo.
Al respecto, la abogada Cecilia Peréz, que representa a las víctimas, afirmó “estamos insistiendo porque son adultos mayores, con dificultad de movilidad física, y no pueden andar recorriendo puerta por puerta sin que nadie les resuelva su situación”.
La ex ministra de Justicia recordó que el Ministerio Público representa a la sociedad y “debe dar una respuesta en cuanto a un verdadero acceso a la Justicia”.
Sobre el punto, señaló “queremos que la Fiscalía tome el toro por las astas y defina la situación”. También insistió en que las víctimas son personas en estado de vulnerabilidad y jubiladas.
El temor principal de las víctimas es la prescripción de las causas, promoviendo la impunidad, que hasta el momento afectó a casi 3.000 personas, según el registro que maneja la comisión especial del Congreso Nacional.
Mientras tanto, siguen los descuentos compulsivos de los haberes jubilatorios a las víctimas.
