Anderson Medina, un joven que fue víctima de un policía gatillo fácil, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para comunicar la situación que está padeciendo, ya que necesita atención médica con urgencia y afirma que las autoridades paraguayas la están negando.
A través de su abogada, Noemí Barreto, Anderson puso a conocimiento al organismo internacional que no cuenta con seguro médico ni ingresos suficientes para costear el tratamiento que tiene que realizarse de por vida, luego de haber sido disparado en la espalda por el suboficial Narciso Cañete, en el año 2012.
Señala que quedó con debilidad en las piernas y requiere de estudios complejos y un tratamiento especial.
En la nota señala que solicitó a la Procuraduría General de la República que, mediante una nota, consiga que el joven sea atendido en la fundación Tesãi, que cuenta con un convenio con Itaipú Binacional.
Denuncia que las autoridades de dicha fundación negaron el derecho a la salud a la víctima y que cuando, supuestamente, este reclamó, fue maltratado por los directivos.
La abogada indica que se realiza esta comunicación para que se pueda realizar un procedimiento amistoso ya que el joven tiene necesidad de atención médica y sicológica.
DEMANDA. En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda de Anderson Medina, víctima de gatillo fácil en el 2012, por violación de los derechos humanos presentada contra el Estado paraguayo.
La familia Medina solicita una indemnización de G. 3.900 millones.
Su padre, Alberto Medina, reveló a ÚH que la familia ya se quedó sin dinero, luego de costear los gastos de la recuperación del joven, que fue herido de gravedad en el 2012. “Ya no estoy posibilitado de cubrir los gastos y quiero que el Estado se haga cargo. No estoy pidiendo más de lo que corresponde. No le hice estudiar a mi hijo para que un policía loco le trunque la vida”, señaló.
Anderson Medina recibió un disparo al pasar por una barrera policial irregular el 1 de julio del mencionado año, en el kilómetro 10 de la ruta José Gaspar Rodríguez de Francia.
El suboficial Cañete, autor del disparo, recibió una condena de 7 años de cárcel tras una acusación presentada por la entonces fiscala Liliana Zayas. Actualmente, cumple esa condena en la Agrupación Especializada.