La presentación la hizo a través de la abogada María Graciela Romero ante el Juzgado de Benjamín Aceval, a cargo del juez Roberto Ferreira, que tiene a su cargo el expediente Vanessa y Asociados SA contra Alicia Romero sobre reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes.
Explica que el 30 de diciembre del 2024 recurrió a Recursos Humanos de la institución donde trabaja y halló un descuento de G. 997.089, de su salario, con un embargo del citado magistrado.
Señala que esto le sorprendió, ya que si bien es cierto adquirió tres préstamos disfrazados de mercaderías, en un momento de acuciante necesidad, fueron pagados en 24 cuotas, vía descuentos bancarios de su salario. Agregó incluso los comprobantes.
Además, dice que los préstamos tenían tasas usurarias por lo que firmó tres autorizaciones para la empresa Vanessa y Asociados SA, y Vanes SA, que eran la misma firma por tener incluso el mismo correo electrónico.
Los descuentos empezaron en enero del 2015 hasta marzo del 2017, por G. 420.000 mensuales, con lo que abonó en total G. 6.510.000, muy superior a lo reclamado.
Relata que se presentó al juicio al saber de los hechos. Alega que el domicilio que denunció la abogada Zully Ortiz Garcete no es suyo, sino que es falso. Además, que la dirección está mal, porque la calle de su casa ni siquiera tiene esa numeración.
Romero asegura que pecó de ingenua, ya que firmó pagarés en blanco que luego fueron completados a la conveniencia de la demandada. Agrega incluso los comprobantes que tiene cuando los firmó que estaban en blanco.
Sobre la notificación, dice que la foto de la casa que agrega el ujier Julio César Ríos Acosta no existe en esa zona de Asunción. Cuestiona que supuestamente nadie le atendió y dejó adherida la notificación, lo que niega.
Asimismo, indica que las siguientes notificaciones, en la ruta Transchaco casi Mariscal López, Loma Pytã, de Asunción, tampoco existe, y ni siquiera fue denunciado por la demandante. Además, el teléfono no es suyo.
Alega que la sentencia salió sin siquiera haber vencido el plazo para alegatos.
HONORARIOS. Con respecto a los honorarios, acota que por auto interlocutorio 4537, del 17 de noviembre del 2023, el Juzgado le reguló los honorarios a Zully Ortiz, dentro del expediente principal, por la suma de G. 1.260.000 más el IVA de G. 126.000.
Refiere que intentaron cobrarle con un oficio el 20 de noviembre del 2023, pero se equivocaron de institución.
Sostiene que luego, como corolario de las irregularidades, en su liquidación por la suma de G. 17.372.000 aparece de nuevo los honorarios de la abogada, pero por la suma de G. 2.520.000, más el IVA por G. 252.000, cuando que le habían regulado menos. Esto fue admitido por el juez de la demanda. Argumenta que este monto ya le es descontado.
Alicia Romero, en su pedido, dice que la acción debía hacerse en Asunción, ya que ahí se celebró el contrato. Cita que el domicilio de la empresa es Fernando de la Mora, pero que supuestamente el pago debía hacerse en Benjamín Aceval. Manifiesta que todo el proceso es nulo, por lo que pide al juez que lo declare.
El caso ya fue denunciado ante la Superintendencia de la Corte, según la abogada.
