La mujer formó parte de la quebrada Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) y había comprado provistas y ropas, que se le descontaba mensualmente. En el 2018 saldó toda su deuda. Sin embargo, en noviembre del 2023, se enteró del embargo de su sueldo siendo ya jubilada. La supuesta deuda subió a G. 41 millones, más G. 10 millones como honorarios.
Por ello, se le descuenta casi G. 1.500.000 de manera mensual. “Señor juez, una vez más me acerco hasta su oficina pidiéndole que resuelva el pedido de que se retenga todo el dinero que se me sustrajo a través de un embargo ilegal. Solamente necesito esa resolución para que no retiren de la cuenta del BNF”, dijo angustiada.
Entre lágrimas, contó que la falta de ese dinero le está costando su salud y su vida. “No tengo más ni para salir en la esquina. No tengo para ir al doctor, ni menos para comprar medicamento. Por favor señor resuelva esto por lo menos”, se dirigió al juez.
URGEN a FISCAL. La larga espera de las víctimas que lleva en la Justicia sigue sin tener respuestas.
En lo penal, Bernardet había denunciado por estafa a la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, que era la que le dijo que su deuda en Amuclin estaba saldada, pero luego fue quien promovió una demanda en su contra.
La denuncia de la enfermera jubilada también alcanzó a la docente Julia Mabel Acosta, quien sin conocerle a la víctima, terminó demandándole y embargando su sueldo, con un pagaré falso.
La abogada Lourdes Aranda actualmente está imputada por trabajar en conjunto con funcionarios del Juzgado de La Encarnación, donde el juez Diego Acosta era anteriormente actuario judicial.
El caso había ingresado en la Fiscalía de San Lorenzo, pero la fiscala Carmen Bogado entendió que el caso debía llevarse en Asunción, ya que la demanda se hizo en la capital. La causa llegó a la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, quien finalmente remitió al Gabinete del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, donde el expediente quedó desde mediados del mes de abril, sin una resolución.
Ayer, Luciana en compañía de la abogada Cecilia Pérez, urgieron al fiscal general para que designe a un fiscal para que atienda la causa. “Señor fiscal general del Estado, sigo sufriendo las consecuencias de esta situación injusta, considerando que avanzan los descuentos compulsivos de parte de la señor Julia Acosta, quien supuestamente adquirió (la supuesta deuda) de la asociación”, expresó la mujer.
(0985) 221-112 es el número de teléfono habilitado por la Comisión especial del Senado para obtener un registro de víctimas de la mafia de pagarés.
