La impunidad ha ganado una vez más. La cuestionada Ley Nº 6039, que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura, tuvo luz verde y se encuentra plenamente vigente con la promulgación automática.
En contra de las expresiones de protesta ciudadana y de lo que sostiene la propia Carta Magna, que no establece una mayoría calificada para aprobar un tema similar, acabaron promulgando la nueva ley, que en la práctica implica un vergonzoso autoblindaje ante la posibilidad de que los legisladores sean expulsados de sus funciones por casos de corrupción fehacientemente comprobados.
La nueva disposición dificulta que se consigan los votos en el Congreso para lograr la pérdida de investidura, ya que anteriormente solo se precisaba de mayoría simple (23 votos en el Senado y 41 en Diputados).
La ley establece que un pedido similar debe ser presentado como mínimo por una cuarta parte de los miembros de la Cámara respectiva y el presidente del organismo debe llamar a sesión extraordinaria dentro de un plazo de ocho días, a fin de que el legislador pueda presentar su descargo y defenderse de las acusaciones. Ahora, para la pérdida de la investidura se necesitará la mayoría absoluta de dos tercios: 30 votos en la Cámara de Senadores y 53 en la Cámara de Diputados. Como ninguna de las agrupaciones que hoy ocupan una banca tiene mayoría propia, resulta una cifra casi imposible de obtener.
A la mayoría de los parlamentarios les asustó lo que ocurrió en diciembre último con el senador colorado oficialista Óscar González Daher, quien tras la divulgación de conversaciones telefónicas filtradas por los medios de comunicación, resultó descubierto en varios hechos de corrupción, cometidos desde su función de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y que ante la presión social y mediática sus propios colegas tuvieron que someterlo a la pérdida de investidura y expulsarlo públicamente de la Cámara de Senadores. Otro legislador también implicado, Jorge Oviedo Matto, presentó renuncia antes de ser sometido al mismo proceso.
Sin embargo, ambos legisladores han vuelto a ser electos por el sistema de listas cerradas o “listas sábana” y se encuentran de nuevo ejerciendo funciones en el Parlamento, como si nada hubiera pasado. Las investigaciones en el sistema de justicia tampoco han avanzado y los dos parlamentarios gozan de total impunidad, a pesar de que toda la ciudadanía ha sido testigo de su participación en los casos de tráfico de influencia y corrupción.
Ante la ineficacia o la complicidad de la Justicia, quedaba la opción de la sanción política. Con la nueva Ley de Autoblindaje esa posibilidad tampoco ya existe. Es otra acción de la clase política que atenta contra la transparencia y la aleja aún más de los intereses de la ciudadanía.
Una vez más, ha ganado la impunidad.
