“Incluso existen figuras de carácter penal que pueden ser aplicadas a esta operación del intendente”, aseguró Troche.
En contacto con Última Hora, el ex concejal indicó que se puede hablar de una lesión al patrimonio municipal y que esto tendría connotaciones penales. “La operación, así como fue planteada a la Junta, es ilegal, no se compadece de las ordenanzas municipales, y en el ámbito de la administración, en el ámbito de lo público, el administrador solo puede hacer lo que está expresamente permitido por la ley y por las normas”.
Requisito. En consonancia con el análisis de Garay, el ex concejal afirmó que las tierras de la Costanera “no pueden ser destinadas a otra cosa que no sea para renovación urbana, desarrollo de la costa, para la recuperación de los arroyos, para soluciones habitacionales a las personas afectadas por las inundaciones”.
Destacó que existen muchos objetivos comprometidos en estas tierras y se trabajó bastante con instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Mundial para poner en marcha un plan tan necesario para Asunción. “Van a convertir este proyecto en un Frankenstein porque se van a vender de manera arbitraria las tierras, y van a ser objeto de especulación inmobiliaria o cualquier operación, antes que un proyecto que tenga un modelo de gestión, que es lo que se planteó siempre”.
Contó que el pedido del intendente no tiene en cuenta las prohibiciones expresas en el plan maestro, así como las leyes que tienen relación con la puesta en venta de bienes y servicios. “No existe un estudio de factibilidad para esta operación, no se está demostrando que esto sea útil para la ciudad, o sea, mejor que el proyecto de franja costera”.
Insistió en que son decisiones administrativas irregulares que pueden ser atacadas de nulidad absoluta, y que la Junta debiera rechazar porque tiene vicios administrativos. “La operación de subasta pública, sin un estudio de factibilidad previo, sin un estudio que garantice que los fondos van a ser destinados a las operaciones de desarrollo de la franja costera, adolece vicios de procedimiento”.
Acotó que, en el caso de que el pedido sea aceptado, “se podría, a través de las regulaciones civiles, incluso recurrir a medidas de amparo para tutelar el patrimonio municipal, hay un interés público comprometido. Y si se llega a concretar la venta, se podría denunciar a la Fiscalía por daño patrimonial. Con lesión de confianza”.
