Los contratados administrativos y de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) realizaron hoy una protesta frente al edificio de Caja Central y luego marcharon hasta el Ministerio de Economía para exigir la inclusión al Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Sinar), que es un sistema del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la gestión de recursos humanos del sector público.
Debido a que no forman parte del registro oficial temen desvinculaciones masivas. También repudian la implemetación de la nueva Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que solicita el registro al sistema oficial.
Al son de las bombas y con muñecos del presidente de la ANR y expresidente de la República, Horacio Cartes, y del presidente de la República, Santiago Peña, la marcha se realizó desde Caja Central hasta el Ministerio de Economía para exigir la inclusión de 10.600 funcionarios contratados al sistema Sinar.
Rosberg Jara, del Sindicato de Enfermería del IPS y vocero de la protesta, explicó que aún falta que 10.600 funcionarios sean inscriptos en el sistema integrado del Ministerio de Economía; caso contrario, temen una desvinculación masiva.
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“No están inscritos y que eso nos deja un poco en zozobra y preocupación, porque es uno de los pasos necesarios para realizar el proceso del llamado a concurso. Tenemos 117 compañeros que tienen entre 10 y 14 años de servicio en situación de contrato”.
Explicó que conversaron con las autoridades del IPS y que la gestión y solución del reclamo que tienen es con el Ministerio de Economía.
“Es hablar más un poco de voluntad política y que la gente técnica pueda realizar su trabajo para que eso pueda subsanarse muy pronto. Creemos que es una cuestión de voluntad política”.
Situación de enfermería
Muchos de los enfermeros fueron incorporados durante la pandemia por la vía de la excepción, sin concurso de títulos ni méritos, en el marco de una ley. Sin embargo, actualmente el principal requerimiento es formar parte del Sinar, pero este trámite aún no se regulariza.
La preocupación radica en el impacto que generaría la puesta en vigencia de la ley de carrera civil, que exige concursos para el ingreso al sistema público, pero al no estar registrados en el Sinar, la contratación se dio por la vía de la excepción; por lo tanto, se temen las desvinculaciones.
En contra de la nueva Ley de la Función Pública
La enfermera Marina Ayala, del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips), remarcó que principalmente se posicionan en contra de la nueva Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que entró en vigencia el pasado 16 de julio.
Entre los puntos que exige se encuentra estar inscriptos en el Sinar y acceder a los contratos mediante concursos. Desde los sindicatos, rechazan estos requisitos por considerarlos un atropello a los derechos de los trabajadores.
“Esta ley atropella y golpea los derechos de los trabajadores, del funcionariado público. Por eso, exigimos la derogación y la no aplicación de esta ley. Esta ley quita la estabilidad laboral de los funcionarios públicos”.
