Fue sancionada en el gobierno pasado fue modificada al punto de cercenar una gran cantidad de artículos.
La senadora Kattya González citó los principales cambios que aprobaron tanto diputados como senadores del cartismo, apoyados por otros sectores.
Indicó que se desnaturaliza la definición al eliminar del concepto de conflicto de intereses a los intereses personales y del grupo familiar. “Con esto ya no existe conflicto de intereses”, lamentó.
Entre los artículos modificados se encuentran el 3, inciso g, que consisten en limitar el grupo familiar hasta cónyuge o conviviente e hijos mayores de edad. En la actual ley, alcanza a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutelas.
En la ley vigente, ni ex funcionarios, ni parientes cercanos pueden ocupar puestos en el sector privado relacionados al cargo que habían dejado en la función pública hasta un año después del cese de sus funciones en el sector público
Señaló que se eliminan “las puertas giratorias” que es una concepción fundamental para cuidar los intereses del Estado paraguayo.
“Cuando un funcionario deja la función pública y migra al sector privado, no puede hacerlo en el mismo grado de responsabilidad que estaba ejerciendo cuando era un alto funcionario”, explicó Kattya, pero esto ya no estará establecido en la nueva ley.
Agregó que también “se pervierte la declaración jurada de intereses”, ya que con las modificaciones realizadas, los sujetos obligados ya no están obligados por ley de declarar en qué trabajaron en el sector privado, si pertenecen a una organización no gubernamental o cargos que ocupan los grupos familiares dentro de la estructura del Estado.
“Con esto, la declaración jurada de intereses es simplemente anecdótica y sin ningún valor”, resaltó.
Mencionó que con las modificaciones, las autoridades pueden ser también proveedoras del Estado.
Citó que al eliminar el inciso segundo del artículo 18, los diputados, senadores, ministros y el presidente de la República pueden proveer al Estado.
Manifestó que se da “sepultura a la ley” eliminando las sanciones, estableciendo que solamente que el que obra de “mala fe” en el olvido, debe ser sancionado con una pena pecuniaria de 100 jornales, quitando toda posibilidad de control a la Contraloría General de la República.
La Cámara de Senadores eliminó la sanción de hasta 300 jornales mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de hasta 5 años para los ex funcionarios que incumplieran las prohibiciones previstas en el artículo 24, que también fue eliminado, además del 25 y 26.
“Tras una larga lucha en el periodo pasado, aprobamos la ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses en la función pública”, recordó la legisladora, quien aseveró que el Congreso actual “mató a la ley”.
