“Estoy enfadada y frustrada porque todo es igual, nada ha cambiado, no se ha hecho nada”, cuenta a EFE Sandra Torres, madre de Eliahna Cruz Torres, una de las niñas fallecidas en la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo de 2022, cuando un joven de 18 años entró con un rifle de asalto y mató a 19 niños y dos maestras.
Falta un día para el aniversario y ha acudido con su familia, llevando una escoba para limpiar, a la pequeña plaza donde se instalaron cruces para recordar a las víctimas de la segunda mayor matanza escolar en la historia de Estados Unidos.
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“A veces venimos y decoramos, cambiamos las luces. Sabía que ha habido viento y lluvia, así que vine para asegurarme de que está limpio para ella”, explica a EFE esta madre que sigue hablando en presente de su hija, que tenía 10 años cuando fue asesinada en aquel suceso que dio la vuelta al mundo.
Una masacre tras la cual pareció, por un instante, que iba a ser la gota que colmaba el vaso e iba a provocar que se tomaran medidas para restringir el acceso a las armas de fuego.
Pero fue solo un espejismo que quedó en nada en un país en el que las matanzas se cuentan por decenas. 237 tiroteos múltiples -con más de cuatro víctimas, heridas o fallecidas- en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive.
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Junto a la cruz de Eliahna, flores y mariposas, sus favoritas. Osos de peluche, mariquitas de colores, globos con forma de estrella o muñecos de Spiderman decoran el resto de las cruces.
Al lado de muchas de ellas, una carta de las familias pidiendo respuestas y señalando al que consideran único culpable de la tragedia: “Los lobbies de las armas, que tienen más poder que la gente”, apunta el texto.
Aunque el suceso cambió para siempre la vida de estas familias y en muchas puertas de las casas de esta ciudad de 15.000 habitantes cuelga un cartel de “Uvalde Strong” (Fuerza Uvalde), pocas cosas han cambiado en los últimos 12 meses, en los que muchos de los familiares de los niños fallecidos se han convertido en activistas en pro de un control más exhaustivo de las armas.
No de su prohibición, recuerda Sandra. “No estamos tratando de prohibirlas, solo queremos que aumenten la edad para adquirir un fusil de asalto (de 18 a 21 años) y que haya más verificaciones de antecedentes”, explica.
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Gobernado por el republicano Greg Abbott, Texas es uno de los estados más laxos en el control de armas, que muchos ciudadanos llevan colgadas en el cinturón gracias a la ley “Open carry”, que permite llevarlas a la vista.
Así la porta Guthrie, un hombre de 70 años que tiene una opinión férrea en pro del derecho a defenderse y quien piensa que la culpa de matanzas como esta no es de las armas sino de “una crisis de valores” que hace que surjan “monstruos” como Salvador Ramos.
“Quieren elevar la edad de posesión de armas de asalto, pero eso no va a lograr nada, porque el que quiere matar puede matar igualmente”, afirma a EFE Guthrie, subido a una camioneta en la que también carga una escopeta del calibre 12 y varios cartuchos en la guantera que nunca, matiza, ha tenido que usar.
Además, explica que en casi todas las casas de esta comunidad hay armas: “Casi todo el mundo las tiene, es parte de nuestra historia y crecimos con ellas”.
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Lejos de cambiarlo todo, la matanza en la escuela Robb apenas ha conseguido una reacción de los poderes públicos. Solo se logró que la cámara baja aprobara un proyecto de ley para subir la edad de los portadores de armas de asalto, pero tiene pocos visos de prosperar, por la fuerte oposición existente en el Senado.
También siguen esperando las familias respuestas sobre lo ocurrido y hay varias investigaciones abiertas sobre por qué la Policía tardó 77 minutos en entrar al colegio mientras el asesino seguía matando a los niños.
Son varias las familias que han denunciado a las autoridades, y también al fabricante del rifle AR-15 que portaba Ramos, aunque estas denuncias también avanzan lentamente.
“Ya ha pasado un año y siento que fue ayer. Ya no tengo a mi bebé y nada de lo que pueda decir o hacer la traerá de vuelta. Pero lo que podemos estar haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es luchar, luchar por la justicia y luchar por el cambio”, apunta Sandra.
La escuela fue cerrada tras lo sucedido. Hoy la rodea una malla, cubierta con un plástico negro, a la espera de ser demolida. En los próximos meses, cuentan las autoridades locales, desaparecerá y quedará todavía menos de aquel suceso que cambió a muchos pero no cambió nada.
