24 jun. 2025

USD 3,5 millones debió haber cobrado el Estado por garantías sobre anticipos

El caso más grave de perjuicio al patrimonio público es el que se refiere a pagos de anticipos por obras que no se hicieron, sin que se haya siquiera reclamado las garantías sobre los montos que ya fueron desembolsados a las empresas adjudicadas. Las pólizas de anticipo que el Estado debió haber cobrado suman G. 15.645 millones (equivalentes a USD 3,5 millones), entre 2009 a 2013, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Las pólizas de anticipo deben ser cobradas en caso de que se incumplan los términos del contrato y ya se haya desembolsado a favor del proveedor un anticipo que varía de acuerdo con cada pliego de bases y condiciones elaborado en las instituciones.

La Industria Nacional del Cemento (INC), las Municipalidades de Capiatá, Tobatí y Carapeguá, la Empresa de Servicio Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Petróleos Paraguayos (Petropar), la Dirección Nacional de Aduanas... son algunas de las entidades que pagaron anticipos de hasta 50% en casos específicos y dejaron vencer las pólizas de anticipo, la única garantía que se tiene de no perder ese dinero.

Asimismo, la Gobernación de Alto Paraná, el Comando de las Fuerzas Militares, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) –por ejemplo– pagaron anticipos de montos superiores a los G. 1.000 millones y no ejecutaron las pólizas correspondientes, pese a que los contratos finalmente no se cumplieron, por incumplimiento o en todo caso recisión. Todas las pólizas de anticipo que el Estado no cobró suman más del 50% del total sin ejecutar.

Los otros casos se refieren a las pólizas de mantenimiento –que no implican que el Estado ya haya desembolsado ningún monto específico por un servicio o compra en particular– o de fiel cumplimiento de los contratos. En los mismos hay números más modestos que en los anticipos: G. 9.525 millones (USD 2.140.000) resulta de la suma de ambas modalidades de contrato. Esto es USD 1.360.000 menos de lo que se “perdió” por la inacción en las garantías que pesaban solo sobre los anticipos.