El Ministerio Público recibió 219 denuncias diarias por hechos de robo y hurto en los primeros meses del 2023. Esto significa nueve denuncias por hora, o que cada 6,5 minutos un paraguayo o una paraguaya es víctima de la inseguridad. De enero a marzo, la Fiscalía registró un total de 20.227 denuncias, de las cuales, 19.747 fueron por hurto y robo, agravado y simple, mientras que las restantes 480 han sido por homicidio culposo y doloso.
Este diario solicitó los datos de la Policía Nacional de este mismo periodo, pero los reiterados pedidos no fueron satisfechos. Los únicos datos abiertos disponibles de esta institución corresponden al 2022.
Según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, tenemos un promedio de 5,9 denuncias por hora y en el 2022 fueron denunciados un total de 34.231 hechos de inseguridad.
Estos datos, no obstante, no están completos, pues se debe considerar que en numerosas ocasiones las víctimas de la inseguridad ni siquiera realizan la denuncia debido a la desconfianza en las autoridades por el descrédito de estas.
A diario los noticieros de televisión y las páginas de los diarios exponen la actual situación de indefensión en la que se encuentra la ciudadanía. Los casos de robos, ataques de motochorros y otros más ocupan minutos de reporte en el Telediario y grandes titulares, pero cada día son reemplazados por casos nuevos y, lo peor, cada vez más violentos. Un día una joven madre que carga a su bebé en brazos es asaltada por motochorros en pleno microcentro de Asunción; otro día, un trabajador es asesinado de dos balazos cuando le roban la moto en la que se dirigía al trabajo. Hay barrios enteros que son presa de ola de robos y asaltos que se producen en el vecindario; familias que fueron tomadas como rehenes por los maleantes que ingresaron a sus viviendas para robar y hasta un grupo de niños que jugaban en la vereda fueron atacados por asaltantes.
La población —y en particular la de Asunción, el área metropolitana y el Departamento Central— vive este tipo de situaciones a diario e impotentes ante la insensibilidad e incompetencia de las autoridades. No es admisible que la gente deba vivir con miedo de caminar por las calles, de esperar el transporte público al salir del trabajo, ya que —como publicó recientemente ÚH— los trabajadores son el blanco preferido de los delincuentes.
Frente a este escenario es urgente que las autoridades consideren tomar medidas. Las recientes expresiones del ministro del Interior, Federico González, respecto del aumento de crímenes y delitos, particularmente cometidos por jóvenes o menores de edad, y que esta condición se debe a que los jóvenes dejaron de cumplir en su mayoría el servicio militar obligatorio son inconsistentes. El ministro dijo que antes los jóvenes iban a los cuarteles a “complementar la educación” que recibían en sus hogares, “en cuanto a disciplina, corrección, puntualidad, patriotismo”, pero que ahora en su mayoría están en las calles, sin trabajar, sin estudiar y sumergidos en las drogas.
Es importante que las autoridades tomen en consideración los datos respecto a la situación de delincuencia, y la vinculación con el tema drogas. Los adictos que se vuelven ladrones, entran a robar en los hogares, roban en la calle o en los buses forman parte de un problema que es mucho más complejo y que no se resolverá con el cuartel. Mientras tanto, harían bien las autoridades en basarse en datos para diseñar las tan necesarias políticas públicas que ofrezcan respuestas ante la situación de inseguridad y violencia que resta calidad de vida a la población.
