La economía paraguaya es altamente dependiente de los combustibles fósiles, a pesar de contar con dos de las represas generadoras de energía eléctrica más importantes de la región, e incluso del mundo.
La logística de transporte de carga y de pasajeros, actividades cotidianas domésticas y determinadas fases de muchos procesos productivos dependen de este producto importado, por lo que la participación estatal en la regulación e inclusive la oferta está justificada en cualquier manual de economía básica.
Las fallas de mercado que surgen de la dependencia externa de este combustible, así como de las condiciones internas del mercado requieren la participación estatal para garantizar que el mercado funcione bien, y sobre todo prevalezca el bien común sobre el interés particulares de los actores económicos y políticos que están detrás de la comercialización de este producto estratégico para la economía y el bienestar.
El actual Gobierno debe sanear Petropar, eliminando cualquier influencia que aleje a la institución de su rol económico en la solución de las fallas del mercado que enfrenta el sector.
La existencia de un mercado caracterizado por pocas empresas privadas de alto poder económico y capacidad para ponerse de acuerdo, muchos demandantes y consumidores sin este poder de mercado ni condiciones para elegir otras opciones y la asimetría de información son algunas de las principales razones esgrimidas por la teoría económica ortodoxa para justificar la presencia del Estado.
El ejercicio de esta función exige el cumplimiento de determinadas condiciones para que el resultado final sea un mercado que funcione con eficiencia y no una empresa estatal que termine beneficiando a un sector minoritario.
Una de las condiciones básicas para que Petropar cumpla con la misión de garantizar la eficiencia del mercado es evitar el conflicto de intereses a través de lo que hoy en día se denomina “puerta giratoria”. El hecho de haber nombrado como principal autoridad a una persona que tiene vínculos con el sector que debe regular invalida cualquier intención de mejora de gestión.
Solo basta ver las consecuencias actuales de este mismo fenómeno en el MOPC durante el gobierno de Cartes. Una persona que viene del sector privado y ejerce una función en el sector público implica conflicto de intereses y trae consigo el alto riesgo de tráfico de influencias y cuando deja el cargo lleva información privilegiada generando competencia desleal en el mercado.
Y lo que es peor, resta legitimidad para enfrentar los problemas que dejó la gestión anterior en la que, al parecer, se benefició a otro sector, caracterizado por su cercanía a un partido político en la búsqueda por beneficiar a uno de los candidatos.
En definitiva, el inicio de la actual gestión está viciada del mismo problema que la gestión anterior, pero con otro actor en el medio. Difícilmente podamos dar pasos hacia adelante si los gobiernos no logran separar los intereses particulares de la cosa pública. Al final, pierden la economía y los ciudadanos.
