Durante estos tres años de gobierno de Santiago Peña, Paraguay ya emitió USD 3.500 millones de bonos internacionales a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A ese monto se suman casi USD 2.000 millones de colocaciones que se hicieron en el mercado local.
Poco después de asumir, en noviembre de 2023, la administración de Peña había aprobado una normativa para realizar una colocación de USD 600 millones, con el fin de saldar deudas acumuladas con proveedores del Estado.
La operación se concretó finalmente en febrero de 2024, cuando se emitieron USD 1.000 millones en el mercado externo. Para el siguiente año, se realizó una nueva emisión de USD 1.200 millones, a los que se sumaron los últimos USD 1.300 millones colocados este año 2026, aunque los mismos fueron mayormente emitidos en guaraníes.
En cuanto al mercado interno, cuyas licitaciones están calendarizadas y cuentan con autorizaciones mediante el Presupuesto General de la Nación, los datos oficiales contemplan un total de USD 1901,9 millones, aunque incluyen las obligaciones por canje de deuda y la garantía sobre los bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), según las estadísticas presentadas por el MEF.
Al respecto, durante los últimos meses de 2023, cuando recién había asumido Peña, se habían colocado bonos del Tesoro por USD 417,3 millones. Entre el 2024 y este 2026, se realizaron emisiones por más de USD 1.400 millones, pero el Tesoro aún tiene un remanente de G. 230.527 millones (USD 38,4 millones), que podrán ser colocados en las dos siguientes licitaciones en el mercado interno, previstas para setiembre y octubre de este año.
La deuda pública a junio ya alcanza los USD 21.946,6 millones, posicionándose en el 34,4% del producto interno bruto (PIB).
Justamente, los bonos representan el principal peso de ese total, con el 58,7% de participación. En el caso de los externos, se ubican en el 47% del total, mientras que los internos alcanzan 8,3%.
Críticas. Para economistas, el nivel del endeudamiento público no es el problema como tal, pero sí cuestionan el aumento sostenido de los últimos años, sin que se traduzca en mejoras tangibles para la ciudadanía.
Dionisio Borda, economista y ex ministro de Hacienda, señala que la principal problemática radica en que el aumento de la deuda se da en un contexto de déficit fiscal elevado, baja presión tributaria, crecimiento del gasto público y deudas pendientes con proveedores.
Según sostiene, los USD 3.500 millones en bonos soberanos colocados por esta administración ya superan a las emisiones de los gobiernos anteriores.
“Esta situación es preocupante porque le quedan aún dos años a su administración. Una consecuencia es el aumento del déficit fiscal; para este año sería de 3,2% del PIB, para 2027, 3,9%, y para 2028, 1,5%, que difícilmente cumplan. Por una parte, porque el ingreso fiscal no logra repuntar por la apreciación del dólar y el gasto sigue creciendo, y por la otra, tiene deudas pendientes (...). El problema no es solamente el nivel de la deuda, sino también la velocidad de su crecimiento, su costo financiero y la capacidad efectiva del Estado para cumplir sus compromisos”, alerta.
Además de estos factores, también considera como una problemática la menor cantidad de condicionamientos que existe sobre el uso de los recursos que se obtienen mediante los bonos.
En ese sentido, explica que mientras los créditos de organismos internacionales suelen estar sujetos a condiciones y exigencias que el Gobierno debe cumplir, el Ministerio de Economía tiene mayor libertad para decidir cómo utilizar los derivados de los bonos.
“En contraste con los prestamos de los organismos internacionales, los bonos constituyen en la práctica un cheque en blanco. El MEF destina para financiar los gastos sin mayores exigencias”, cuestiona Borda.
Sobre el nivel de deuda pública, reconoce que Paraguay todavía presenta un grado relativamente bajo en comparación con otros países de la región, pero reitera que debe analizarse en conjunto con la baja presión tributaria.
El economista e investigador Luis Rojas, por su parte, cuestiona principalmente que las autoridades mantengan una política de endeudamiento constante, utilizando nuevas emisiones de bonos, cuyos recursos finalmente son destinados a pagar o refinanciar deuda anterior.
Ante esto, habla de un proceso de “bicicleteo” de la deuda pública, a través de la Ley de Administración de Pasivos o recompra de deudas, lo que le permite al Estado cumplir con sus vencimientos, pero deja sin la posibilidad de resolver el problema de fondo del endeudamiento.
“Antes todo tenía que autorizar el Congreso, pero después, con la Ley de Administración de Pasivos, con la ley de bicicleteo, comenzaron a hacer eso de poder emitir más bonos de lo autorizado en el presupuesto, y eso lo que va haciendo es que la deuda aumente, que se emita permanentemente, que no disminuya porque se bicicletea, se refinancia“, critica.
Advierte que el crecimiento de la deuda termina elevando los intereses y genera cada vez mayor presión sobre el Presupuesto General de la Nación, el déficit y las cuentas fiscales. Esto –señala– hace que el Estado se obligue a destinar una porción cada vez mayor al servicio de la deuda, mientras continúa necesitando nuevos préstamos para financiarse, y dejando menos espacio para las inversiones necesarias para el desarrollo del país.
No obstante, para el experto, el problema no se centra solamente en la cantidad o el nivel de dichas obligaciones, sino en que no se busca corregir los principales problemas fiscales, que son los ingresos o las escasas recaudaciones tributarias, además de la calidad del gasto público.
“No se ve que se traduzca en grandes inversiones y en gran desarrollo económico para el país, porque una gran parte se va directamente para pagar deudas anteriores, para bicicletear. Y también eso usa el Gobierno para seguir utilizando la deuda como fuente de financiamiento y no aumentar los ingresos, no aumentar los impuestos, la presión tributaria”, concluye Rojas.
Para Borda, Gobierno “prometió mucho, pero cumplió poco”
El ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda, también realizó una evaluación general respecto a estos tres años del gobierno de Santiago Peña y su gabinete.
A su criterio, esta administración no cumplió gran parte de las promesas que fueron realizadas y que las mejoras se ven únicamente en su equipo político.
También cuestionó la cantidad de viajes al exterior realizados por el mandatario y considera que esto dificulta que “pueda exhibir un desempeño positivo en la conducción cotidiana”.
“El Gobierno prometió mucho, pero ha cumplido poco (...). La escasa frecuencia de las reuniones del Consejo de Ministros también revela debilidades en la coordinación del gabinete y podría explicar la permanencia de todos los ministros, a pesar de los resultados dispares de sus respectivas gestiones”, afirmó.
Además, para el economista, la obtención del grado de inversión no es un logro atribuido únicamente a este Gobierno, sino que es el resultado de un trabajo de alrededor de 20 años.
“Esto no desmerece las gestiones realizadas por el actual Gobierno ante las calificadoras de riesgo, pero tampoco autoriza a atribuirle exclusivamente un logro construido por varias administraciones”, sostuvo.
- 63.814 millones de dólares es el PIB estimado para este 2026, lo que representa un aumento de 47,7% frente al que se reportaba en 2023.
