BUENOS AIRES
Estudiantes, docentes y directivos de las universidades públicas de Argentina, acompañados por sindicatos y partidos políticos de la oposición, salieron este martes a las calles del país para exigir mayores fondos y protestar contra al ajuste presupuestario que lleva adelante el Gobierno del presidente Javier Milei y que ha golpeado con dureza a la educación superior.
Miles de manifestantes comenzaron a concentrarse desde temprano en distintos puntos del país, con la ciudad de Buenos Aires como foco principal.
Las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande de Argentina, comenzaron la jornada con clases públicas y otros actos de protesta y establecieron diversos puntos de encuentro desde los cuales marcharon hacia la Plaza de Mayo, ubicada frente a la sede del Ejecutivo.
La icónica plaza albergó el acto central, convocado bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional” para exigir el cumplimiento de una ley de financiación universitaria que el Gobierno se niega a cumplir.
“Venir acá significa defender mis 30 años adquiridos adentro de las aulas. Yo me formé en la educación publica y defiendo la educación publica”, explicó a EFE Laura Carboni, docente de Filosofía y secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además, destacó que el reclamo apunta tanto al presente como al futuro de la educación pública superior en el país: “Yo quiero que mi hija tenga una universidad donde se pueda formar, donde se sienta a gusto de desarrollarse profesional, personalmente, y desde el punto de vista colectivo”.
Más allá de personal y alumnos de las universidades, también salieron a las calles sindicatos y partidos opositores.
Previo al comienzo de las movilizaciones, el partido de Milei, La Libertad Avanza, describió la protesta como una “marcha política opositora”, rechazó que exista un desfinanciamiento de las universidades.
- El presupuesto universitario con el Gobierno de Milei cayó este año al 0,428% del PIB –su menor nivel desde 1989–.
