La Vicepresidencia de la República, de la mano de Hugo Velázquez, se convirtió en la institución pública número 152 en recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para no presentar rendiciones de cuenta a la Contraloría General de la República (CGR). El que desistió de la acción de su predecesora es el actual fiscal general Emiliano Rolón.
La Sala Constitucional de la CSJ dio trámite ayer a la acción de inconstitucionalidad que presentó Velázquez contra la Ley Nº 2248/2003 “Que modifica el artículo 30 de la Ley de Nº 879/1981 Código de Organización Judicial”, es decir, pidió que la Contraloría no audite su gestión, sino el Tribunal de Cuentas.
Votaron a favor de dar trámite a la acción de Velázquez, los ministros César Diesel (presidente de la CSJ) y el ex senador liberal Víctor Ríos. En disidencia, votó el ministro Gustavo Santander Dans, alegando que la demanda no contempla los requisitos del artículo 553 del Código Procesal Civil.
“Me permito manifestar que en el presente caso no se evidencia peligro en la demora, ni que la aplicación del dispositivo jurídico impugnado pueda ocasionar perjuicio irreparable al accionante, más aún considerando que su sanción y promulgación es de antigua data (año 2003). Por lo que no estando cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 553 del CPC, voto por el rechazo de la medida solicitada”, expresó Santander.
Accionantes. Desde el 2008, 28 instituciones públicas lograron acuerdos y sentencias favorables de la Corte Suprema, entre ellas, la propia Corte, de la mano del entonces presidente Antonio Fretes. La Corte también blindó al Ministerio Público, tras acciones de Rubén Candia Amarilla y de Javier Díaz Verón, así como las municipalidades de San Alberto, Asunción, San Antonio, Ciudad del Este, Choré, Caazapá, Juan Manuel Frutos, Repatriación, y San Lorenzo.También las gobernaciones de Alto Paraná, Alto Paraguay, Villa Hayes (Óscar Núñez y Emigdio Benítez), Paraguarí, Caazapá y Canindeyú, así como Senacsa, la Facultad de Derecho (UNA), la Cámara de Diputados, SNPP, Sinafocal, MOPC, TSJE y el Ministerio del Trabajo.
Otras 6 instituciones fueron beneficiadas con autos interlocutorios que suspendieron los efectos de la ley, 14 acciones de inconstitucionalidad fueron rechazadas, otras 90 acciones tienen autos para sentencia, y 13 acciones fueron rechazadas por caducidad de instancia, desistimiento o rechazo in límine.
