Tenemos enfrente una ventana que no se abrirá dos veces. La Ley 7599, recientemente promulgada, no es una regulación energética más: es un marco jurídico que rediseña el terreno de juego para incentivar inversión, expansión y competitividad. Nuestro país tenía pendiente una carta que lo posicionara como destino estratégico para industrias de alto consumo eléctrico, y esta ley cumple a cabalidad ese objetivo. Es una carta poderosa, con la capacidad real de cambiar las reglas del juego.
Por primera vez, Paraguay ofrece un ecosistema donde empresas pueden generar, vender, transportar y exportar energía renovable no hidráulica con libertad contractual, reglas claras y seguridad a largo plazo. Esto, en términos empresariales, significa una sola palabra: previsibilidad, el insumo más escaso en la región y la condición mínima para cualquier inversión seria.
La ley introduce una figura que cualquier visionario debe estudiar con detenimiento: el Gran Consumidor de Energías Renovables No Convencionales, es decir, empresas que demandan más de 30 MW y que pueden comprar energía en un mercado libre. Este solo artículo transforma radicalmente las posibilidades de inversión industrial en Paraguay. Desde centros de datos y parques logísticos eléctricos hasta minería de Bitcoin con contratos formalizados a 30 años: el abanico que se habilita era inexistente hasta ayer.
La clave es que los precios dejan de ser un asunto rígido para volverse negociables entre privados. Esto genera competencia, reduce costos, aumenta eficiencia y permite diseñar contratos energéticos a medida de cada proyecto. En un país donde la tarifa eléctrica estable y baja ya era una ventaja comparativa, ahora se suma la libertad contractual. Es un imán natural para industrias electrointensivas que buscan estabilidad y transparencia.
A esto se suma otro aspecto que vuelve estratégica a la ley: la posibilidad de exportar energía renovable. La normativa establece igualdad de oportunidades entre empresas, acceso no discriminatorio a la red de transmisión y concursos claros en caso de limitaciones de capacidad. En términos simples: Paraguay ya no depende únicamente de Itaipú o Yacyretá para participar del mercado energético regional. Cualquier empresario puede desarrollar un proyecto solar, eólico o de biomasa y vender energía fuera del país bajo un esquema con incentivos fiscales similares a los de cualquier exportación de bienes.
En un mundo donde la demanda de energía crece aceleradamente, esto convierte al Paraguay en un proveedor estratégico. Los países que integran cadenas industriales globales buscan fuentes renovables certificadas. Con esta ley, dejamos de ser espectadores y pasamos a ser protagonistas de esa conversación.
Una tercera pieza vuelve la ley aún más atractiva para inversionistas: los contratos de hasta 30 años. Esto permite estructurar financiamiento, atraer capital de fondos internacionales, securitizar flujos futuros y blindar proyectos de gran escala. En energía, 30 años equivalen a volatilidad cero y riesgo regulatorio mínimo.
Entender esta propuesta implica reconocer que los inversionistas podrán posicionarse no solo como consumidores, sino como generadores. La ley invita a que las empresas construyan sus propios sistemas de generación y vendan excedentes a la ANDE o a otros privados. Esto reduce costos operativos, mejora la predictibilidad financiera y permite capturar valor en un mercado energético en plena expansión.
La normativa también habilita que los privados financien, construyan y transfieran refuerzos de transmisión cuando sean necesarios para su proyecto. Ese detalle, subestimado por muchos, es una de las grandes llaves para acelerar cualquier inversión industrial. Lo que antes dependía del ritmo público ahora puede resolverse con inversión privada supervisada. Es agilidad pura y menos burocracia.
Todo esto llega en un momento ideal: Paraguay tiene energía disponible, estabilidad macroeconómica, un mercado laboral joven y un posicionamiento geográfico privilegiado. Mientras Brasil compite por atraer data centers y Argentina intenta reordenar su matriz eléctrica, Paraguay ya tiene la ley que los demás están tratando de diseñar.
Pero esta ventana es temporal. El capital global especialmente el vinculado a energía, IA, electrificación industrial y Bitcoin busca destinos eficientes, predecibles y con costos competitivos. Si Paraguay no acelera, ese capital irá a otro lado. La oportunidad no espera.
La Ley 7599 no es solamente un marco legal: es una invitación directa a la inversión privada. Tenemos la chance de convertirnos en un país productor de valor industrial, tecnológico y energético. Esa transición no depende del discurso: depende de qué sector privado y sector público trabajen de manera sincronizada, estratégica y colaborativa.
Hoy, más que nunca, el futuro del país está en manos de quienes deciden construir oportunidades. Paraguay puede vivir un fenómeno tan transformador como el impacto económico de nuestras hidroeléctricas, con una diferencia crucial: ahora hablamos de una matriz energética diversificada, descentralizada y preparada para acelerar el progreso con trabajo, innovación y compromiso.
