Estos dos acontecimientos tienen resonancia augural porque permiten volver a tener esperanzas. Por fin se fueron a sus casas Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, y Antonio Fretes, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. La primera, por haber culminado los cinco años de su mandato, y el segundo, por haber cumplido la edad límite de 75 años.
Los dos se van después de haber producido un daño inconmensurable a la imagen de las instituciones que presidieron.
Se van con la opinión generalizada de que sus gestiones fueron una decepción.
Se van, afirman ambos, por la puerta grande, porque dejan sus cargos en el momento que lo marca la Constitución Nacional. Pero, en el fondo, saben que si eso sucedió fue porque la protección política que recibieron de un Parlamento mayoritariamente colorado –y apoyado por algunos llanocartistas– impidió que salieran antes, por la vía del juicio político.
El privilegio de llegar a cargos tan altos tiene como contrapartida la responsabilidad de estar a la altura de lo que exige la patria. Y ambos priorizaron miserables intereses personales o sectoriales.
Si no se fueron antes de tiempo a su casa, es solo por la debilidad institucional y ciudadana de nuestro país.
Sandra Quiñónez fue la sexta persona que llegó al frente de la Fiscalía General del Estado desde el inicio de la era democrática, en 1992. La precedieron Luis Escobar Faella, Aníbal Cabrera Verón, Óscar Germán Latorre, Rubén Candia Amarilla y Francisco Javier Díaz Verón.
Este último, de desastrosa administración, está hasta hoy con arresto domiciliario por enriquecimiento ilícito. Cuando pensamos que nada peor que él nos podría suceder, apareció Sandra Quiñónez, una candidata improbable por estar ubicada en el puesto sesenta en cuanto a méritos académicos. Pero el potente apoyo de Horacio Cartes logró meterla en la terna, primero, y elegirla, después.
La flamante fiscala general correspondió el favor con una lealtad a toda prueba.
El presidente tendría sus espaldas muy bien cuidadas una vez que dejara el cargo. La Fiscalía se encargaría de que su red de negocios jamás fuera investigada; que Tabesa estuviera blindada a allanamientos; que Darío Messer se paseara tranquilo; que las alertas de Seprelad fueran ignoradas; que el Metrobús pareciera un éxito; que nadie sepa nada del avión iraní y que el crimen de Rodrigo Quintana en la sede del PLRA siga en la nebulosa. Solo que, actuando como empleada fiel, convirtió al Ministerio Público en una institución desprestigiada, corrupta e ineficiente.
Antonio Fretes estuvo en la Corte Suprema de Justicia durante 21 años. En ese tiempo construyó una red de relaciones, influencias y negocios que le otorgaron un impresionante poder político y económico. Su camino estuvo sembrado de sospechas de irregularidades que nunca fueron investigadas.
Hasta que se descubrió el contrato de uno de sus hijos con el narcolavador Kassem Hijazi para evitar su extradición a los Estados Unidos. Un escándalo demasiado grande, incluso para él.
Hasta sus compañeros de la Corte Suprema –que no se caracterizan precisamente por su arrojo– le pidieron la renuncia.
No les hizo caso, por supuesto. Su fortuna es tan considerable como el descrédito de la justicia paraguaya tras su paso.
Ambos se van y hay que celebrarlo.
Pero también hay que investigar su gestión. ¿Tendrán el nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, y los miembros de la Corte Suprema el carácter para hacerlo? Ojalá que sí. De lo contrario, la celebración no tendrá nada de augural.
