De hecho, la estatal está ejecutando en la zona el Operativo Itapúa 1 , para combatir las pérdidas eléctricas y la morosidad. “Los trabajos, que se extenderán hasta el 27 de diciembre, tienen como objetivo ejecutar más de 3.000 órdenes de trabajo en las zonas de Encarnación, Capitán Miranda y Cambyretá”.
El trabajo en San Solano forma parte del Operativo Itapúa 1. “Este procedimiento resalta el trabajo coordinado entre la ANDE y la Policía Nacional para combatir este tipo de ilícitos, constatando un daño patrimonial estimado por esta conexión ilegal de G. 325.500.000, monto que deberá ser resarcido por los responsables, junto con los gastos operativos y las multas correspondientes”, detalló la administración eléctrica.
La entidad explicó que tras verificar y controlar los alimentadores de 23.000 voltios que abastecen la zona, y recibir una denuncia, los técnicos de la institución se trasladaron a la compañía San Solano, ubicada en el distrito de San Pedro del Paraná. “Allí se constató que el suministro con NIS 2906179, registrado a nombre de Jorge Amado Sanabria, con medidor número 3.999.886 de la marca ISKRA, presentaba una derivación antes del medidor en baja tensión”, detalló la ANDE.
La derivación incluía las tres fases y el neutro utilizando un conductor subterráneo de 4X35 mm² que alimentaba una granja, por lo cual se presentó una denuncia ante la Comisaría 7ma de San Pedro del Paraná y ante la Unidad Penal de Turno y se solicitó la presencia del Ministerio Público. “Durante el operativo, se comprobó la existencia de una criptominería en pleno funcionamiento que era abastecida por un transformador de 100 kVA, así como 25 procesadores de criptoactivos en servicio y equipos de refrigeración”, añadió la ANDE en un comunicado.
Por orden de la Fiscalía, todos los equipos procesadores, materiales eléctricos y accesorios relacionados con la sustracción de energía eléctrica fueron incautados.
Además, la estatal informó que ya realizó el corte a 340 suministros e intervino 50 conexiones clandestinas en Encarnación, durante el citado Operativo Itapúa 1. “La ANDE recuerda que las conexiones ilegales no solo representan un delito, sino que también afectan la calidad del servicio eléctrico y generan pérdidas económicas para la institución”, insistió la entidad.
