El lunes último, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, decidió tomar juramento a la primera abogada transexual en la historia del Paraguay, la joven Kimberly Ayala, quien participó de la ceremonia con su plena identidad de mujer, a pesar de que para efectos legales el registro de sus documentos responde a su nombre original de varón, Fernando Daniel Ayala Armando.
El detalle más significativo es que a Kimberly se le había impedido jurar en dos ocasiones anteriores, a pesar de cumplir con todos los requisitos académicos, luego de haber culminado sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este, hace cinco años, porque se le exigía que se presente a la ceremonia vestido como un varón, lo cual negaba la identidad que dicha persona asumía libremente.
Esta vez, la afectada concurrió en compañía de directivos de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y del capítulo paraguayo de la organización Amnistía Internacional, quienes respaldaron su nueva solicitud con amplias consideraciones jurídicas que garantizan sus derechos.
Resulta muy destacable la respuesta del presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, quien decidió tomar el juramento a la abogada en el mismo día y otorgarle la correspondiente matriculación, respetando la manifestación de su identidad, es decir, vestida como mujer, aunque cumpliendo con los requisitos procesales con su nombre masculino, ya que en el país aún no se permite el cambio de identidad legal a personas transexuales.
“Yo tengo el criterio de que el artículo 25 de la Constitución Nacional es demasiado claro y dice que cada persona puede manifestar y crear su propia identidad de la manera que libremente la quiera ejercer y por lo tanto una persona puede venir vestida de mujer, si es que lo siente así. No encuentro ningún impedimento legal para negarle el derecho al juramento a una persona que ha concluido con el estudio de la carrera”, expresó con mucha seguridad el titular del Poder Judicial, rebatiendo años enteros de prejuicios y discriminación, sentando además un interesante precedente para otros casos similares.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia constituye un paso importante en el avance hacia una sociedad de mayor inclusión.
Más allá de las previsibles polémicas que genera, el episodio marca un hito en la apertura cultural hacia un colectivo que sigue enfrentando actitudes discriminatorias.
Al margen de las distintas posturas y opiniones que se han despertado al respecto en distintos sectores, hay un positivo reconocimiento de derechos consagrados en la propia Constitución Nacional, que abre nuevas posibilidades de mayor tolerancia e integración.
