Producir cambios en una sociedad que tiene profundos problemas de educación, de fuerte autoritarismo, poco apego a las normas y elevadísimos niveles de corrupción, como en Paraguay, demanda tiempo y mucha constancia. Un ejemplo de esto se da en el ámbito de los derechos de la niñez y la adolescencia.
El cambio de paradigma que significó la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ONU en 1989, significó reconocerlos como individuos con derechos propios y necesitados de protección especial, frente a una mirada anterior que los veía como “propiedad” de los padres o tutores, con poca o ninguna autonomía, no tenían derechos legales reconocidos, entre otras situaciones en desmedro a su integridad. Incorporar este nuevo paradigma a la legislación local demandó al menos 11 años desde la ratificación de la Convención en 1990 y el estudio, debate y aprobación del Código de la Niñez en 2001. Un proceso que en gran medida avanzó, gracias a organizaciones como Global Infancia y a Unicef. Posiblemente, si dependía solo de los legisladores de entonces, habría requerido mucho más tiempo. Ese gran paso no trajo automáticamente un cambio cultural en la sociedad respecto a los niños y adolescentes, vistos ya no como objetos, sino como sujetos de derecho.
Organizaciones como Global Infancia, Unicef y numerosas otras generaron conciencia al respecto con cientos de cursos, talleres y diversas iniciativas enfocadas principalmente a los medios de comunicación, como formadores de opinión. Incluso se instituyó un Premio Periodista Amigo/a de la Niñez que sigue otorgándose cada año a aquellos comunicadores que en el abordaje de los temas de infancia imprimen un enfoque de derechos, respeto, y utiliza un lenguaje no degradante de la persona menor de edad.
Aun así, y pese a esos y otros esfuerzos de diversas organizaciones que trabajan a favor de los derechos del niño, incluyendo el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), todavía no se ha logrado ni que todos los medios respeten esos derechos ni los estándares éticos en esta materia.
Transcurrieron 36 años de la aprobación de la referida Convención y la sociedad tampoco ha internalizado cuestiones básicas como el interés superior del niño o el preservar la identidad del menor.
Menciono todo esto para comprender lo absurdo que resulta pretender que con la aprobación de un proyecto de declaración, como el que se tratará hoy en el Senado, “Que insta a los medios de comunicación a dar respuesta inmediata y seguimiento a los casos de violencia contra la niñez y adolescencia en el marco de acciones de prevención”.
Y es que los medios no son los que deben dar “respuesta inmediata” a las múltiples situaciones de violencia contra la niñez. Una declaración no genera efecto alguno en los actores a los que se pretende motivar, concienciar o ganar como aliados.
Pretender obrar cambios por esa vía demuestra lo desconectados de la realidad del país que están algunos legisladores y el total desconocimiento de los procesos que hay en los diversos ámbitos de la sociedad. Lo que desde el Congreso debería impulsarse es mayor presupuesto al Minna para que, a su vez, potencie las Codenis, en cada Municipio, ofrezca capacitación a los comunicadores en particular y las comunidades en general.
En la argumentación del proyecto de resolución se insta no solo a los medios privados, sino también a los públicos “a asumir un compromiso activo en esta materia”, como si los medios de comunicación no lo hicieran siempre, al desnudar la inexistencia o la falencia de las endebles políticas de Estado a favor de la niñez y la adolescencia.
En definitiva, pura “declaracionitis” para cambiar nada. Si funcionara esto, hace tiempo ya se habría planeado un proyecto de declaración “para instar a los legisladores a informarse sobre la realidad social, política, económica y cultural del país antes de plantear cualquier iniciativa parlamentaria”.
