Pedraz argumentó hoy que la calificación de los hechos como terrorismo salva la causa del cierre que propugna la reciente reforma en España del concepto de justicia universal, que limita la acción de los jueces del país a la hora de instruir sumarios.
El juez adoptó esa decisión en un auto después de que la Fiscalía se opusiera al cierre de esta investigación al entender que la nueva norma sobre justicia universal no afectaba a esta causa por la calificación de los hechos como terrorismo, aunque pidió a Pedraz que la diera por terminada para elevarla a la Sala de lo Penal y fuera el tribunal el que decidiera archivarla o llevarla a juicio.
En enero de 1980 campesinos guatemaltecos ocuparon la Embajada española en Guatemala y en el posterior asalto de la Policía se produjeron 36 muertos, entre ellos tres españoles.
Pedraz también quiere investigar la muerte de indígenas durante años en ese país, así como el asesinato de cuatro sacerdotes españoles entre 1980 y 1981.
Según el auto del juez, “hay asesinatos terroristas que están enmarcados en un contexto más amplio de comisión de delitos contra la población guatemalteca”, hechos que fueron denunciados en 1999 ante la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz y líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú.
“En resumen, España tiene jurisdicción sobre los hechos porque son delitos de terrorismo. Como estos hechos pueden ser también constitutivos de los otros delitos, los cuales, además, serían conexos a los delitos de terrorismo, resulta incuestionable -al menos en esta fase de la investigación- que la jurisdicción española es competente para conocer de todos los delitos”, señala el auto.
Pedraz señala además que si bien “consta en la causa que en Guatemala se han seguido procedimientos por hechos relacionados con los que aquí se instruyen, lo cierto es que los mismos presuntamente no han llegado a ‘buen fin’, sin que se sepa el alcance de cada uno”.
Por ello, acuerda también librar una comisión rogatoria a Guatemala para comprobar si en ese país “ha existido disposición a actuar” y, hasta que no se cumplimente esta diligencia, el juez anuncia que no puede elevar esta causa a la Sala de lo Penal para que esta determine si debe archivarla o llevarla a juicio.
La reforma de la justicia universal, es decir, de la capacidad de un juez español para juzgar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, diferencia entre unos delitos y otros, de manera que solo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los tribunales nacionales puedan investigar.
