El billetaje electrónico es otra de las pruebas del porqué somos el país menos desarrollado de América del Sur, o quizá hasta de Latinoamérica.
A cinco años de la promulgación de la Ley 5230, que obliga a las empresas permisionarias a colocar esta herramienta en sus colectivos y a tres años del plazo fijado en esa normativa para que se inicie la migración de cobro, su implementación sigue siendo un lejano espejismo.
Y no hay una razón, hay quizá miles o millones de razones.
Es que, además de renovar la modalidad de pago del pasaje urbano o interurbano, el billetaje electrónico permite a las compañías explotadoras del servicio un control más riguroso y a tiempo real acerca del movimiento de las unidades y las principales variables de su estructura de costos: pasajeros por colectivo, kilometraje recorrido por día, cantidad de frecuencias realizadas y hasta velocidad de traslado.
Esta herramienta también aporta a la seguridad, ya que el conductor del bus ya no se encargará de cobrar y conducir el rodado, en medio de bocinazos, embotellamientos y el apuro propio de quien debe cumplir ciertos “redondos” para justificar su salario. Al pasajero, también le otorga comodidad a la hora de subir al micro y tranquilidad porque ya no estará en la necesidad de portar dinero a ciertas horas del día y mirar a todos lados apenas entra el sol.
Pero no todo es color de rosa.
La ley del billetaje contempla la creación de un sistema “espejo”, a través del cual el Gobierno pueda tener un control eficiente sobre las variables citadas más arriba.
Esta es la parte que a nadie parece agradarle. Y no precisamente por la transparencia de que estos datos sean publicados en cualquier diario, canal de televisión o radio.
Tener un sistema espejo, a través del cual el Viceministerio del Transporte pueda tener al momento los datos sobre pasajes vendidos, pasajeros transportados o kilometraje recorrido por bus, significa un sinceramiento de los costos que tiene, no solo implicancias económicas, sino sociales y hasta políticas.
Significa que el precio del boleto que paga a diario Juan, José o cualquier otro, pueda ir para abajo con el mínimo crecimiento en la clientela transportista, que el subsidio que es costeado cada mes por los contribuyentes del Fisco –directa o indirectamente – caiga en picada por la regulada que practican los colectiveros cada feriado o fin de semana o incluso que la vieja práctica de los choferes de quedarse con los redondeos o vueltos sea desterrada.
Pero también significa para la clase política no cumplir con los favores recibidos, entiéndase por esto colectivos gratuitos en elecciones a cambio de tarifas melódicas y controles suavizados.
En tiempos en los que el transporte público eficiente significa calidad de vida, ya no se puede seguir castigando a los usuarios del servicio con costos desfasados y al mismo tiempo ómnibus obsoletos en todos los sentidos.
En los últimos años, nuestro país vino creciendo económicamente en un promedio al que no llega ningún otro en la región, pero esa situación positiva no se está convirtiendo en un impulso para que la clase política y empresarial cambien de chip. La tecnología venció hace rato la mediterraneidad en todo el mundo, por lo que ya es intolerable que cuestiones tan simples como el billetaje electrónico sigan siendo postergadas en detrimento de la gente.
“Buscaron un perfil independiente, no vinculado al sector de empresarios del transporte público, ya que la misión del Viceministerio tiene que ser la de intermediar entre el Estado, los usuarios y empresarios para lograr un buen servicio de transporte público”, aseguró el viceministro de Transporte, Pedro David Britos, al asumir en el 2018 (www.ultimahora.com/c2705529). Hasta el momento, la falta de implementación del billetaje no es precisamente una buena señal dada por el Gobierno para lograr un mejor servicio de buses.
