Pero no quedó allí. El miércoles a la noche, Mario Abdo Benítez hizo una jugada buscando recuperar la confianza ciudadana, sacó una de sus mejores cartas para mostrar que está dispuesto a luchar contra la corrupción y evitar el robo del dinero destinado a combatir la pandemia. Nombró a uno de sus mejores funcionarios, el zar antidrogas, Arnaldo Giuzzio, al frente de la Comisión de Control y Supervisión de Compras del Covid-19.
La decisión, surgida tras los escándalos en Salud, Dinac y Petropar, obligó al presidente a intervenir el área más sensible: el Ministerio de Salud, que de acuerdo con la Ley de Emergencia, manejará la friolera de USD 500 millones para reforzar su sistema sanitario y al personal de blanco. Esta comisión tiene atribuciones para controlar las compras de las demás instituciones incluidas en la lucha contra la pandemia.
Junto a Giuzzio están también René Fernández, secretario Anticorrupción; Carlos Arregui, titular de Seprelad; Carlos Pereira, de la Secretaría Técnica de Planificación, y otros funcionarios de Hacienda. Cada uno llevó a sus mejores hombres y mujeres para la tarea de encontrar las pruebas en la compleja matriz corrupta de las compras públicas.
Con Arregui, Giuzzio y Fernández se reprisa un equipo que hizo historia en el Ministerio Público. Ellos formaban parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que les valió un homenaje especial de EEUU en el 2007. El entonces embajador James Cason le entregó a Arregui un sombrero blanco, como los alguaciles del viejo oeste, quienes enfrentaban a los forajidos de sombreros negros.
Pereira no es ajeno a este equipo especial. Los conoce desde la época en que eran fiscales. El secretario ejecutivo de Planificación los había asesorado entonces en varios casos por su sólida formación como auditor antilavado de dinero y especialista en Tributación.
CÓMO SURGIÓ. La creación de este grupo especial surgió de funcionarios preocupados por la corrupción, que le sugirieron al presidente la instauración de un equipo que fiscalizara específicamente el uso de los USD 1.600 millones. “Queríamos en principio una unidad ad hoc Covid. Le propusimos un equipo de élite tipo SWAT –aludiendo a la famosa serie policial– con gente de afuera para armar una nueva arquitectura de pliegos de bases y condiciones y controlar las UOC (unidad operativa de contrataciones), porque en esas áreas se dan los robos más grandes y casi imperceptibles”, dijo uno de los integrantes.
Le pidieron también a Marito que le diera fuerza legal a la comisión, porque “nadie te hace caso si no no tenés una ley en la mano”.
Como primera medida, la comisión liderada por Giuzzio solicitó al ministro Julio Mazzoleni suspender todas las licitaciones previstas en su cartera hasta el próximo martes 12 del corriente, para verificar y asegurar la correcta implementación del proceso de compras.
LUZ DE ALARMA. Uno de los primeros casos detectados alude a una empresa dedicada al turismo que ofrecía a Salud pulverizadores a un precio muy elevado. “Es una empresa que quiere vender pulverizador y el que vende es una empresa de turismo. Nos llamó la atención eso. Ya está todo prácticamente para la firma del contrato, solo falta la firma del ministro y por eso pedimos postergar esa licitación, así como todas las demás para la próxima semana”. Aparentemente, detrás de esta compra está una de las farmacéuticas más importantes, que habría creado para el efecto una empresa de maletín.
Para detectar la irregularidad, el propio Carlos Pereira hizo el rol de detective y fue a buscar personalmente la empresa en la dirección citada en el pliego de bases y condiciones. Obviamente, no existía.
Esta comisión será también una especie de perro guardián del uso de los fondos de la Ley de Emergencia. Que se destinen a los objetivos trazados en la legislación porque los administradores quieren aprovechar los fondos especiales para otros fines y también utilizar el código Covid que permite un proceso más acelerado. En este sentido, Giuzzio explicó que detectaron que algunos ministerios y entidades públicas están licitando por ejemplo cámaras de seguridad (Salud) y otros están licitando combustibles y vehículos con el código Covid-19. Otro dato señala que el Ministerio de Defensa hizo un llamado para asegurar edificios por G. 1.200 millones, que nada tiene que ver con la pandemia. “Esos llamados van a ser rechazados. Claramente la Ley de Emergencia Sanitaria expresa que ese dinero debe ser utilizado en compra de bienes, insumos, servicios para salud, no para otra cosa”, acotó.
El equipo también detectó que el clan Ferreira, el del escándalo de las camas y medicamentos sin registro, y que formó un holding de varias empresas solamente para negociar con el Estado, está nuevamente en otra de las licitaciones en curso. El criterio de la comisión especial es que esta persona sea apartada definitivamente como proveedora del Estado.
EL GRAN RESCATE. El trabajo de la comisión es preventivo, es decir evitar la corrupción, por ello apuntan a la revisión de los procesos licitatorios, lupa doble sobre las UOC, ver la solidez de las empresas proveedoras del Estado, las empresas de maletín, las conexiones políticas, la calidad de los materiales, la cantidad requerida realmente, etc.
Un tema crucial es la transparencia y ese es otro de los temas en los que Marito les dio carta blanca: mostrar todo, qué, quiénes, cómo y en tiempo real.
Por la delicadeza del trabajo, este equipo debe ser protegido ya que meterá mano en los intestinos de la corrupción con permiso para contar todo al público. El poder político y el empresarial detrás de las multimillonarias compras del Estado son enemigos tan peligrosos como la misma mafia. No se los identifica porque no usan sombreros negros como en épocas del far west, sino se disfrazan de grandes señores y en complicidad con funcionarios venales y la seguridad del blindaje político-judicial, han cooptado el Estado para devorar el Estado.
