EFE
Lula, blanco en diversas investigaciones por corrupción, ocupó el cargo de ministro de forma efectiva cerca de una hora, el lapso que pasó entre la firma de su acta ante Rousseff y el anuncio de la primera decisión de un juez de suspender los actos celebrados en el palacio de Planalto.
Dos jueces, uno de Brasilia y otro de Río de Janeiro, ordenaron la suspensión del nombramiento por el riesgo de una eventual obstrucción a la justicia por parte de Lula, aunque el Gobierno anunció que recurrirá todas las demandas que se presenten.
En opinión del Gobierno, estos fallos judiciales no anulan la investidura, por lo que Lula sigue siendo ministro aunque no pueda ejercer sus nuevas funciones.
Ni si quiera el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, fue capaz de resolver la incógnita de si la suspensión de sus funciones es también extensiva a su aforamiento, un punto que cobra especial importancia para aclarar qué juez debe analizar la petición de prisión preventiva que presentó la Fiscalía de Sao Paulo.
Las demandas contra Lula se diseminaron a gran velocidad por los tribunales de todo el país, algunas promovidas por los partidos de la oposición y otras, por colectivos o individuos, y algunas ya han sido rechazadas, como una presentada el miércoles ante el Tribunal Federal de Porto Alegre.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, la máxima instancia del país que ha recibido al menos diez demandas y en las que, además de pedir que Lula no sea ministro, se exige que sea procesado por el temido juez Sergio Moro, de la corte de Curitiba.
El magistrado Teori Zavascki, el relator de dos de estas demandas, dio hoy un plazo de cinco días para que presenten sus alegaciones la Fiscalía, la Presidencia y la Abogacía General de la Unión, antes de tomar su decisión, que también será cautelar y solo valdrá hasta el juicio que tenga lugar en el pleno del Supremo.
El abogado del Estado advirtió hoy del peligro de la “judicialización” de la política, en plena escalada de declaraciones entre el Gobierno y la magistratura por supuestas y respectivas violaciones a la Constitución y a la independencia de los tres poderes.
La propia Rousseff anunció que tomará medidas legales contra el juez Moro por haber ordenado grabar y haber divulgado unas conversaciones telefónicas entre ella y Lula, que fueron captadas hasta este miércoles en el marco de las investigaciones por la supuesta participación del exmandatario en diversas corruptelas.
En la ceremonia de investidura de Lula, Rousseff dijo que el juez Moro tiene por objetivo “convulsionar a la sociedad brasileña con métodos oscuros y criticables, viola los principios y garantías constitucionales, los derechos de los ciudadanos y abre precedentes gravísimos. Los golpes comienzan así".
Ese pronunciamiento provocó una respuesta de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (AJUFE), que además de arropar a Moro, rechazó de forma vehemente las “intimidaciones” y las “tentativas temerarias de injerencia en las decisiones judiciales”.
Sea cual sea la decisión de los tribunales acerca de Lula, el Supremo hoy dejó claro que no le dará un trato de favor si lo acaba juzgando por el caso de supuesto lavado de dinero en el que la Fiscalía de Sao Paulo le acusó formalmente o por las sospechas de su participación en las corruptelas de Petrobras.
“La República no admite privilegios”, dijo el juez Celso de Mello, decano del Supremo, después de reprobar con duras palabras los desaires que había proferido Lula contra los tribunales durante una conversación telefónica grabada por la Policía, que fue filtrada este miércoles.
Al margen de los tribunales, el nombramiento de Lula elevó la polarización en las calles de varias capitales brasileñas, donde se registraron manifestaciones a favor o en contra del expresidente.
Las manifestaciones se replicaron en el interior del palacio de Planalto, donde los diputados oficialistas y opositores se enzarzaron en un breve duelo de coros, los primeros al grito de “no habrá golpe” y los segundos, clamando la “vergüenza” que supone la asunción de Lula.
La condición de ministro le garantiza a Lula un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
