EFE.
El estudio pone de manifiesto la incidencia de las armas de fuego que tienen su origen en Estados Unidos sobre la actividad criminal de 15 países del entorno, concretamente de las regiones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
El centro apunta a la laxitud y la debilidad de las regulaciones en esta materia por parte de Estados Unidos -más relajadas que en otros Estados del entorno-, así como el elevado inventario de armas de fuego existente en el país.
Estos dos factores son calificados como “contribuyentes clave” en el flujo de armas a través de las fronteras de EE.UU., según refleja el trabajo, titulado “Más allá de nuestras fronteras: cómo la débil regulación de armas de EE.UU. contribuye al crimen violento en el extranjero”.
En este sentido, cifra en 50.133 el número de armas que fueron recuperadas a causa de investigaciones criminales en estos países durante el período de 2014 a 2016.
El trabajo también enfatiza que una gran parte de estas armas fueron legalmente exportadas, ya que Estados Unidos es uno de los principales vendedores de estos artículos a nivel mundial, con un promedio de casi 300.000 unidades al año, según las estimaciones recogidas en el texto.
En algunos de estos países se recolectaron más armas que en muchos estados estadounidenses; es el caso de México, donde entre 2014 y 2016 se obtuvieron 33.000 armas de esta procedencia, una cantidad superior a la de todos los estados durante ese periodo, a excepción de California, Florida y Texas.
En ese lapso, las autoridades de Canadá y El Salvador se hicieron con más armas estadounidenses que 20 estados del país.
Entre 2011 y 2016, en México fueron recuperadas más de 106.000 armas involucradas en crímenes, de las que el 70 % procedían de los Estados Unidos, según los datos del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, éstas solo representan parte de la cuantía que realmente cruza la frontera sur, ya que solo recoge las que fueron obtenidas durante investigaciones criminales y que fueron remitidas a la ATF para su rastreo.
Las estimaciones manejadas en el informe cifran en 213.000 la cantidad de armas que pasan de Estados Unidos a México cada año ilegalmente.
De las armas procedentes de territorio estadounidense que fueron recogidas entre 2009 y 2014 en México, la mayoría provenían de tres estados sureños: Texas (41 %), California (19 %) y Arizona (15 %).
Precisamente, México alcanzó en 2017 el nivel más alto de homicidios de los últimos 20 años con una proporción de 20,5 asesinatos por cada 100.000 personas; en 1997, el 15 % de estos eran cometidos con armas de fuego, mientras que en 2017 la cifra fue del 66 %.
Pero el flujo de armas estadounidenses no solo se dirige hacia el sur y de las 8.700 recolectadas en Canadá entre 2011 y 2016, el 98,5 por ciento eran originarias de EE.UU.
En Centroamérica, entre 2014 y 2016 resaltan los casos de Panamá, donde un 47 % de las recuperadas en crímenes fueron compradas en EE.UU.; en El Salvador, el 49; en Honduras la cifra fue del 45 %; y, en Guatemala la proporción llegó al 29 %.
Hace unos días, el propio presidente, Donald Trump, incidió durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión en la necesidad de reforzar las fronteras del país con el objeto de reducir el crimen y el terrorismo en territorio de EEUU, una postura mantenida desde su campaña y que ahora critica el informe.
El trabajo también esboza una serie de recomendaciones con objeto de evitar que estas prácticas prevalezcan.
Entre ellas, resalta la imposición de una revisión del historial de los compradores en todas las transacciones de estos productos, ya que -indican- un vacío legal federal permite que las armas se vendan en intercambios privados sin necesidad de controles.
Otro de los aspectos que aconsejan es convertir el tráfico ilegal de armas y las “compras fantasmas” -cuando un comprador adquiere una para traspasarla a un tercero- en crímenes.
