Llegan ya a los G. 2,06 billones (USD 295 millones) los pedidos de ampliación que han hecho las instituciones públicas para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.
A casi un mes de haber iniciado las audiencias informativas de la Comisión Bicameral del Legislativo, suman ya 19 las entidades que ignoraron los pedidos de austeridad del Ministerio de Hacienda y pechearon más dinero público a los parlamentarios.
La situación es desalentadora si se tiene en cuenta que entre el 70 y el 80% de esos pedidos de ampliación responden a planes de inflar el ya abultado gasto salarial. El PGN 2022 contempla inicialmente un gasto salarial de G. 27,1 billones (USD 3.876 millones), lo que significa que los sueldos, las bonificaciones y las gratificaciones, entre otros conceptos relacionados, se devorarán la friolera suma de USD 10,5 millones por día.
El Presupuesto Público del año que viene fue elaborado sobre una base de ingresos impositivos de G. 27,48 billones (USD 3.931 millones), lo que según las últimas proyecciones oficiales, implicaría un crecimiento del 8,2% en comparación al cierre de este ejercicio. El documento entregado al Congreso por Hacienda da cuenta de que, de ese total, G. 17,20 billones se recaudarán por medio de los gravámenes indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto selectivo al consumo (ISC), principalmente. Esto representa el 63% del total.
Estos últimos dos datos son claves.
Por un lado, se puede observar que el gasto en las remuneraciones del personal público se llevará casi todo lo que recaudarán la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas en el año entrante. Si a esto se suman los pedidos de ampliación para salarios y beneficios, solamente el rubro conocido como los servicios personales requerirá más fondos de los que se tienen previsto recaudar.
Por el otro lado, se puede ver que aún la Administración Tributaria local depende en gran medida de los impuestos indirectos. Eso básicamente quiere decir que los ingresos impositivos dependen directamente del consumo de la gente en servicios y en bienes, algo que también está muy vinculado a cómo vaya evolucionando la situación sanitaria y la reactivación de las pequeñas y medianas empresas. Si se viene una tercera ola o si sigue la sequía y la bajante del río, evidentemente, la dinámica del consumo se frenará, recordando que el Tesoro Nacional viene soportando ya una retracción en 2019 y dos años de elevados déficits y endeudamiento para enfrentar la pandemia.
Desde la segunda semana de octubre, los legisladores que conforman la Comisión Bicameral entran en las denominadas sesiones deliberativas, donde analizan los planes de gastos de las entidades y los pedidos de ampliación, para luego emitir un dictamen y remitir el PGN 2022 a Diputados.
Parece un discurso repetido, pero es fundamental que el Congreso no caiga en el populismo incentivado por las elecciones que se vienen en todo el país. Si estuviéramos debatiendo sobre ampliaciones para construir más hospitales o escuelas, o para financiar planes cuyo fin sea combatir la pobreza y las desigualdades, la discusión no duraría más de dos minutos. Pero cuando hablamos de reajustes salariales generalizados que no se reflejan en mejores servicios, estamos discutiendo no solo sobre gastos que no tienen un retorno para la clase social menos privilegiada, sino que también estamos privando de fondos a las inversiones sociales o a los programas que buscan mejorar el bienestar de la gente.
Este imprudente aluvión de pedidos de ampliación no tiene sustento.
En tiempos de extrema necesidad y de un Estado que debe garantizar calidad de vida, seguir inflando el ya abultado gasto salarial es conducir a contramano.
