El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que la ley se estructura en dos partes: De la Función Pública, que define normas y criterios generales aplicables a todas las instituciones públicas; y de la Carrera Civil, que establece un marco para el ingreso, promoción y desempeño de los servidores públicos.
La promulgación del presidente de la República, Santiago Peña, se da casi a un mes de haber sido sancionada la ley en el Congreso, luego de varias idas y vueltas, y en medio de protestas de los trabajadores del Estado.
El anuncio se dio a través de las redes sociales de la Presidencia de la República, con un video y un mensaje que asegura que la nueva legislación “garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia”, en la función pública.
criterios. A diferencia de los gremios estatales afectados, que consideran a la ley un retroceso a sus derechos laborales, el Ejecutivo considera que es “un gran avance en términos de alcance y cobertura, además de respetar la autonomía de los Poderes del Estado, reconocer las diferentes carreras y establecer el concurso como única vía para el ingreso a la Función Pública”, según publica el MEF.
Sin embargo, el propio blindaje establecido en entes como el Congreso, no impediría el prebendarismo ni el nepotismo que reinan en dicha sede, donde se ubican parientes, amigos, amantes y hurreros, generando un aumento sin sentido de personal sin funciones reales.
Durante el tratamiento de dicha ley, los legisladores defendieron su autonomía como poder del Estado y señalaron que estudiarían y aprobarán por resolución un reglamento para la carrera del servicio civil dentro del Poder Legislativo.
El propio presidente del Congreso actual, Basilio Núñez, así como los anteriores, hizo uso y abuso de sus atribuciones para poder ingresar como funcionarios a varias personas amigas y parientes.
Actualmente, impulsa un proyecto de ampliación de la sede parlamentaria, para poder ubicar a más.
Hasta fines de octubre del año pasado, Bachi, en apenas tres meses de ocupar el cargo de titular del Congreso, firmó 445 contratos, de los cuales unos 117 eran totalmente nuevos, más del 25%, y no el 10% como habían señalado desde el Senado.
El senador cartista también anunció oficialmente un gasto de más de G. 3.637 millones para más oficinas, utilizando como excusa la superpoblación de funcionarios, efecto que genera la contrataciones sin medida.
Aseguró que, en el área administrativa y en Recursos Humanos, hay hacinamiento de funcionarios, que “merecen tener un lugar de trabajo acorde a lo que están realizando”, según expresó.
El titular del Congreso se aseguró ocupar el cargo hasta julio del 2027, y pese a las denuncias y publicaciones de los escandalosos casos de nepobabies, no hay indicios de que haya cambios reales.
