El juicio civil contra Donald Trump y dos de sus hijos, acusados de haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios, se inició este lunes en Nueva York, amenazando su imperio y como preludio de una seguidilla de procesos que el republicano favorito para la presidencial de 2024 denuncia de “simulacro” de justicia.
“Estamos ante una fiscala general racista que montó un espectáculo de terror”, deploró Trump ante la prensa.
“Es una farsa”, dijo el ex presidente de Estados Unidos antes de ingresar a la audiencia en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde compareció en calidad de testigo.
La fiscala general Letitia James —equivalente a ministra estadual de Justicia— advirtió afuera del tribunal que “la justicia prevalecerá” y acusó al multimillonario neoyorquino de 77 años de “fraudes reiterados”.
El ex mandatario y sus abogados habían adelantado que asistiría al menos al inicio del juicio.
Aunque no puede ser condenado a prisión por esta acusación, el juicio es un anticipo de una serie de casos legales que amenazan con perturbar su campaña por la nominación republicana.
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El magnate está además inculpado en lo penal en cuatro casos diferentes, que por el momento no han hecho mella en su popularidad entre las bases republicanas.
Está previsto que comparezca ante un tribunal federal de Washington el 4 de marzo para responder por las acusaciones de haber intentado desde la Casa Blanca revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.
A continuación, volverá a sentarse en un banquillo en Nueva York por fraude contable, y después en Florida por manejo negligente de documentos confidenciales tras dejar la presidencia.
El juicio que comenzó este lunes adquirió de repente una importancia considerable la semana pasada cuando el juez Arthur Engoron, que lo preside, dictaminó que se había demostrado la existencia de “fraude continuado” y que la fiscalía general del Estado de Nueva York ya había demostrado que Donald Trump y los directivos de su grupo habían “sobrevalorado” su patrimonio entre 812 millones y 2.200 millones de dólares de 2014 y 2021.
En consecuencia, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York de Donald Trump y de dos de sus hijos, Eric Trump y Donald Trump Jr., vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores.
De aplicarse, estas sanciones supondrían “un duro golpe para la capacidad de Donald Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York”, según Will Thomas, profesor de derecho mercantil en la Universidad de Michigan.
Donald Trump, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y los casinos en los años 80 y prometió dirigir Estados Unidos como sus empresas, perdería entonces el control de varios de los edificios emblemáticos de su grupo, como la Trump Tower, en la 5ª Avenida de Manhattan.
Estas propiedades están en el centro de las acusaciones de la fiscala Letitia James: la superficie del apartamento del empresario en la Torre Trump se triplicó y el edificio del número 40 de Wall Street se sobrevaloró entre 200 y 300 millones de dólares en los estados financieros.
La lujosa residencia Mar-a-Lago de la Organización Trump en Florida y varios campos de golf también aparecen en el dosier.
La fiscala también solicita el reconocimiento de otras infracciones a la legislación financiera y una multa de 250 millones de dólares.
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Donald Trump siempre ha rechazado las acusaciones y ha intensificado sus ataques contra la fiscala James, una demócrata afroestadounidense a la que ha calificado de “racista”, y contra el juez Engoron, al que califica de “trastornado”.
En su plataforma Truth Social, ha defendido que los bancos prestamistas han sido reembolsados “en su totalidad, con intereses, sin impagos y sin víctimas”. La defensa también pretende luchar con uñas y dientes sobre la valoración de los activos.
El juicio promete ser bastante técnico, y se espera que declaren decenas de testigos, entre ellos tres de los hijos de Trump, Eric, Donald Jr e Ivanka —que inicialmente fue objeto de la denuncia pero finalmente no fue inculpada— y el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, que cumplió condena en prisión tras declararse culpable de fraude fiscal en otro caso contra el grupo.
Entre los testigos también figuran el ex abogado de Donald Trump Michael Cohen, que se ha convertido en uno de sus enemigos declarados, así como empleados de los bancos prestamistas y de la firma de contabilidad Mazars, que decidió en 2021 dejar de trabajar con la Organización Trump.
Fuente: AFP
