Durante el inicio del juicio oral y público de los ex ministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Francisco De Vargas y Luis Rojas llevado a cabo este martes, el Tribunal de Sentencia rechazó la prescripción de la causa por la supuesta compra sobrefacturada de equipos de rastreo sensitivo móvil y de comunicación.
Además, los magistrados no dieron lugar al pedido de nulidad del auto de apertura y el doble juzgamiento en el caso, mientras que admitieron la inclusión de pruebas. El juicio continuará este jueves 27 de octubre, a las 10:30, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
De Vargas y Luis Rojas fueron acusados por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando, por un perjuicio al Estado de G. 11.100 millones durante sus respectivas administraciones, entre los años 2012 y 2015.
El juicio ya debió iniciarse el pasado 22 de octubre, pero tras un recurso planteado y tras la argumentación del recargo de trabajo de los magistrados, se decidió postergar, pese a que estaba en riesgo que la causa prescriba el próximo 28 de diciembre.
Nota relacionada: Imputan a De Vargas y Rojas por la compra irregular de equipo
Ambos fueron imputados en la causa en el año 2016, junto con otros nueve coprocesados, entre los cuales está Alberto Ferreira Martí, ex encargado de la Unidad Operativa de la Senad, quien no afronta juicio aún porque en su caso particular hay una apelación pendiente.
También están imputados Nicasio Bóbeda, propietario de la firma importadora Televox SRL; su hijo Alfredo Javier Bóbeda Mongelós; la contadora Silvia Jara Acha; la ex asesora jurídica de la Dirección Administrativa y Financiera de la Senad Jessica Paola Reyes; el administrador, Antonio Salvador Pereira Fretes; y el agente especial y ex director de Inteligencia Silvio Amarilla.
En tanto, Hugo Danilo González, quien se desempeñaba como coordinador del Departamento de la UOC, y Javier Benítez, ex director del Departamento de Administración, son procesados en calidad de cómplices.
Cándida Fleitas, Darío Báez y Sonia Villalba son los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia que lleva el caso, que se había iniciado a raíz de una nota de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades con facturas falsas de la empresa denominada Televox.
