EFE
Bogarín explicó que la Cámara admitió el recurso de apelación presentado por la defensa de los condenados, pero decidió no hacerle lugar, por lo que la sentencia dictada en julio de 2016 contra los acusados “se confirma en todas sus partes”.
Dicha sentencia condenó a penas de entre 18 y 30 años de prisión a cuatro de los campesinos acusados, que guardan reclusión en la cárcel de Tacumbú, en Asunción: Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Rubén Villalba y Luis Olmedo.
Además, condenó a seis años de prisión a las tres mujeres acusadas por los hechos, Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López, que cumplen la pena bajo arresto domiciliario.
Los restantes acusados, Felipe Benítez Balmori, Alcides Ramírez, Juan Carlos Tillería y Adalberto Castro, fueron condenados a cuatro años de cárcel y quedaron en libertad tras haber cumplido su condena durante el tiempo que pasaron bajo arresto entre 2012 y 2016.
Bogarín lamentó la decisión de la Cámara de Apelaciones y destacó que “siempre había existido la esperanza de revertir una sentencia infundada y con muchas deficiencias”.
“En la sentencia por el caso Curuguaty existieron numerosas causales de nulidad, como la manipulación de la escena del crimen, pero esas circunstancias no fueron analizadas por la Cámara”, declaró.
Criticó también que la Cámara de Apelaciones haya demorado cerca de 10 meses en expedirse sobre el recurso de apelación, cuando la ley paraguaya establece un plazo máximo de 30 días.
“Esta dilación conspira contra la justicia, porque la justicia que llega tarde no es justicia. La mora judicial es un verdadero flagelo que mina las bases de las instituciones democráticas, y es la asignatura pendiente del Poder Judicial si quiere recuperar su credibilidad”, afirmó Bogarín.
Agregó que los campesinos condenados están “decepcionados” con la decisión de la Cámara, y este miércoles los abogados mantendrán una reunión con los cuatro condenados que guardan reclusión en la cárcel de Tacumbú para evaluar las siguientes acciones a tomar.
Entre estas acciones figura la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Si la decisión de la CSJ también confirmara la sentencia, Bogarín dijo que los abogados no descartan acudir a los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El caso Curuguaty (este de Paraguay) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía no investigó las muertes de los labriegos.
La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
