El titular del órgano prefirió ser cauto y señaló que todavía no existe condena firme en el caso de la ex legisladora, quien se encuentra recluida en un centro correccional de EEUU. Cazal explicó que primero se debe dar entrada al pedido, y eso se realizará el próximo miércoles, a las 17.00, cuando el pleno del Tribunal de Conducta se reúna.
“(Veremos) si corresponde a nuestra competencia para obrar, teniendo en consideración a los afectados o denunciados, sabiendo que es colorada, o si es miembro de la Junta de Gobierno. Hay varios rigores que deben ser analizados, para que el plenario, el tribunal constituido, pueda marcar alguna referencia al respecto”, señaló Cazal.
Expresó que “muchos detalles se deberían tener en consideración” para expedirse sobre el caso. “Si no hay flagrancia es un hecho de investigación lo que se va a hacer, no es todavía una consumación de sentencia. No hay condena, ¿cómo a un inocente que no tiene condena le vas a condenar antes de tiempo?”, se preguntó.
Además, recordó que el principio de inocencia es constitucional, “pero también hay que saber que la flagrancia determina un hecho”. “Acá no hay flagrancia, hay una investigación, sobre hechos que tienen un marco jurídico de investigación. No hay condena, al condenado se lo excluye del padrón nacional incluso”, subrayó el directivo.
Afirmó que los integrantes del Tribunal de Conducta del Partido Colorado deben ser rigurosos antes de enjuiciar. “En este caso no digo yo nada, mejor no opinar”, indicó.
OTROS. Sin embargo, la actitud contra Tarragó no fue la misma para otros procesados de la ANR. Por ejemplo, el ex senador Víctor Bogado está condenado por un caso de corrupción y sigue siendo afiliado del Partido Colorado. Lo mismo sucede con el ex senador Óscar González Daher, expulsado del Senado y quien luego tuvo que renunciar a su banca por denuncias de tráfico de influencias desde su presidencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; o el ex diputado José María Ibáñez, quien confesó que pagaba a sus caseros con dinero que no era suyo.
Otros colorados procesados son el senador Javier Zacarías Irún (con varias denuncias), el ex titular de Diputados, Miguel Cuevas; o Tomás Rivas, acusado por un caso calcado al de Ibáñez. Es más, también está imputado –y estuvo preso diez meses– Ulises Quintana (por supuesto tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero). Sin embargo, hasta ahora solamente se pidió la expulsión de Tarragó.
Recordemos que fue el diputado colorado Ramón Romero Roa quien solicitó la expulsión. Indicó que en este caso específico se evidencian hechos que la ubican en un sitial delincuencial. “Hay una investigación previa de mucho tiempo por parte de los americanos, y a partir de ahí se decreta la detención. Quiere decir que hay hechos probados en un caso muy serio como lo es el narcotráfico”, manifestó Romero Roa.
El impacto del lavado en la política
