La elección del próximo contralor general de la República se desarrolla en un contexto marcado por antecedentes judiciales de alto impacto. De los siete titulares que tuvo la Contraloría desde el retorno de la democracia en 1989, tres fueron condenados penalmente.
Los ex contralores condenados son Daniel Fretes Ventre (1995-2000), quien fue condenado por hechos de lesión de confianza y otros delitos vinculados a su administración. En 2006 fue condenado a 12 años de prisión, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo absolvió más tarde argumentando “dudas”. El expediente también se caracterizó por múltiples demoras y chicanas judiciales. El ex funcionario falleció en diciembre de 2021. Asimismo, Óscar Rubén Velázquez (2010-2015) fue condenado por cobro indebido de honorarios y otros hechos punibles. Su proceso concluyó con una condena firme de 4 años de cárcel y su posterior beneficio de libertad condicional en octubre de 2022. El caso fue conocido mediáticamente en el país como el de la “secretaria vip”.
De igual forma, José Enrique García (2016-2019) fue condenado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Recibió una condena firme de 2 años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la pena tras confirmarse su culpabilidad por producción y uso de documentos no auténticos e instigación a un subordinado en el denominado Caso Ivesur.
Con estos antecedentes, el Senado ya inició formalmente el proceso de selección del nuevo titular de la Contraloría.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública comenzó semanas atrás las audiencias públicas de los postulantes a contralor y subcontralor, quienes expusieron sus propuestas de gestión, mecanismos de transparencia y planes para fortalecer la capacidad de auditoría del organismo.
Con poder. La Contraloría General de la República (CGR) tiene rango constitucional y es considerada uno de los pilares del sistema de control del Estado. Entre sus atribuciones se encuentran la fiscalización de ministerios, gobernaciones, municipalidades, entes descentralizados y empresas públicas, además de la emisión de dictámenes sobre la ejecución presupuestaria y el control patrimonial de los funcionarios.
El cargo adquiere especial relevancia porque muchos de los principales escándalos de corrupción de las últimas décadas tuvieron como punto de partida informes de auditoría de la CGR.
Las observaciones técnicas del organismo sirvieron para abrir investigaciones del Ministerio Público y derivaron en procesos judiciales y políticos.
Informes. En los últimos años, la Contraloría quedó en el centro de la escena por auditorías que expusieron presuntas irregularidades millonarias en distintas instituciones del Estado.
Entre los casos más resonantes figuran las auditorías al Instituto de Previsión Social (IPS), que detectaron inconsistencias administrativas y financieras y dieron pie a denuncias penales impulsadas por la nueva administración.
Los informes sobre municipalidades y gobernaciones, que revelaron obras inconclusas, pagos sin respaldo y deficiencias en la rendición de cuentas, así como los controles patrimoniales y de declaraciones juradas, que permitieron detectar inconsistencias en bienes declarados por autoridades y funcionarios.
Estos informes no solo tuvieron consecuencias judiciales, sino también políticas: pedidos de intervención, juicios políticos, renuncias de autoridades y una mayor presión ciudadana. El mandato del actual contralor Camilo Benítez finaliza, pero todo indica que será reelecto.
Hoy continúan audiencias de candidatos a CGR
Esta mañana a las 10:00 nuevamente la Comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Pública retomará las audiencias para la elección de contralor y subcontralor que se inició hace dos semanas y que entra en su etapa final este jueves. Hasta el momento, 18 postulantes presentaron sus propuestas. Varios coincidieron en la necesidad de modernizar los sistemas de auditorías e incorporar herramientas tecnológicas.
