Los tres estados habían aprobado con anterioridad estas leyes prohibiendo al aborto que entraron en vigor tan pronto se hizo pública la decisión del Tribunal Supremo, según el Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación de derechos reproductivos..
La organización Planned Parenthood, que cuenta con la mayor red de clínicas de aborto de Estados Unidos, y el Instituto Guttmacher, advirtieron este viernes que otros 23 estados pueden poner en vigor con rapidez la prohibición de esta práctica.
Los estados de Arkansas, Idaho, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming han aprobado leyes prohibiendo el aborto que entrarán en vigor tras la sentencia del Supremo.
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En el caso de Idaho, Tennessee y Texas, la prohibición a la eliminación del feto en el vientre no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, según los datos del Instituto Guttmacher.
Otros estados, como Arizona, Georgia, Iowa y Michigan, tienen restricciones preparadas que ahora pueden entrar en vigor.
En estos momentos, solo 16 estados (California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Vermont, Rhode Island y Washington), así como el distrito de Columbia, han adoptado leyes que refuerzan la protección del derecho al aborto.
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A favor de la vida
El gobernador de Texas, Greg Abbott, reaccionó en Twitter tan pronto como se conoció el fallo que revoca la sentencia “Roe versus Wade” que en 1973 legalizó la interrupción del aborto en todo Estados Unidos.
Abbott afirmó que “Texas es un estado en favor de la vida” y que siempre luchará “para salvar todos los niños de la devastación del aborto”.
El gobernador de Texas valoró como correcta la decisión del Tribunal Supremo que permite a cada estado decidir sobre el aborto.
La mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de derogar “Roe versus Wade” al considerar que el aborto no está protegido por la constitución estadounidense.
También tumbó “Planned Parenthood versus Casey”, otro fallo de 1992 que reafirmaba el derecho a abortar, aunque permitía a los estados regular sobre el proceso.
En total, al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva podrían perder el acceso libre a esta práctica, muy criticada por organizaciones pro vida y médicos, según Planned Parenthood, que calificó la decisión de “devastadora”, sobre todo para las personas más vulnerables de la sociedad como “las comunidades negras, latinas e indígenas, las personas con discapacidades, las que viven en áreas rurales, jóvenes, inmigrantes y quienes tienen dificultades financieras”.
