Tras recibir millonarias sumas por proyectos de viviendas, los responsables abandonaban las obras y cambiaban de nombre para eludir a las autoridades. También amenazaban a sus víctimas para que no realicen las denuncias en su contra.
Según la denuncia que maneja el Ministerio Público, la constructora, que operaba bajo diferentes nombres, cobró millonarias sumas a cambio de viviendas que nunca se llegaron a concretar, dejando a los afectados con una enorme deuda y recursos perdidos.
Sobre la investigación de la causa, ayer se llevó a cabo un operativo denominado Morfeo, que consistió en el allanamiento de una vivienda donde funcionaba la empresa fantasma, ubicada a 100 metros de la ruta Areguá-Capiatá, en el Departamento Central.
En la ocasión, la fiscala Carolina Martínez, quien encabezó el procedimiento e investiga 6 de los 30 casos, afirmó que tres personas fueron detenidas, además se incautaron de varias documentaciones como evidencias. Entre los detenidos está el principal cabecilla del esquema de estafa, identificado como Simón Pedro Rodríguez Pizzurno, así como un herrero que se hacía pasar por constructor, además de otro sospechoso.
La fiscala señaló que manejan datos de que otro de los buscados en la causa habría salido del país hacia la Argentina, según los registros de Migraciones.
Engaño. “La modalidad del engaño es el sueño de la casa propia. La constructora ofrecía sus servicios por medio de plataformas sociales”, explicó el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen, sobre el esquema de la red de estafadores.
Los investigadores explicaron sobre el modus operandi que utilizaba la red de estafadores. Señalaron que la estructura ofrecía costos accesibles, planos y fotos de casas ya construidas en publicaciones a través de las redes sociales. Luego, se firmaba un contrato que estipulaba pagos en tres etapas.
La constructora montaba una oficina, mientras que la firma del contrato se realizaba ante una escribana e incluso se contrataba a albañiles, quienes en algunos casos ya iniciaban la obra. Sin embargo, los responsables desaparecían al cobrar el total del dinero pactado, y solo se ejecutaba alrededor del 20% de las obras.
Desde la Fiscalía señalaron que no descartan la posibilidad de incluir el delito de lavado de dinero en la causa.
