Francisco Cabrera Sanabria y María Verónica Valdez Rivas, fiscales asignados a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusaron ante el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humbero Otazú, por soborno agravado a Miguel Ángel Mendieta Fernández, ex abogado de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, al militar Luis María Belotto y su esposa, Alba Lidia Ale de Belotto.
Según la Fiscalía, Luis María Belotto y su esposa Ada Lidia Ale de Belotto realizaron el ofrecimiento de la entrega de una suma de dinero concreta, G. 10 millones, al mayor Guillermo Moral Centurión a cambio de que introduzca un teléfono celular en forma clandestina y se lo entregue al recluso Miguel Insfrán Galeano en la cárcel de Viñas Cué.
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El Ministerio Público mencionó que tienen su sustento en la interceptación de comunicaciones realizadas con autorización judicial, extracción de datos del teléfono celular, informes remitidos por la Dirección de Servicio de Justicia Militar, grabaciones de circuito cerrado y testimoniales ofrecidas.
Además refiere que el mayor Guillermo Moral se encontraba desarrollando un acto de servicio, ya que se desempeñaba como jefe del Área Penal en el penal militar de Viñas Cué, donde se encontraba recluido Insfrán Galeano, lo que se corrobora con las testimoniales ofrecidas y los informes remitidos por la Dirección de Servicio de Justicia Militar.
Los reclusos no pueden tener teléfonos celulares en su poder, conforme lo señala el artículo 91 del Código de Ejecución Penal, numeral 4, en concordancia con el artículo 25 del Reglamento Penitenciario R 512, del penal de Viñas Cué.
Además, la jueza Rosarito Montanía, el 26 de mayo de 2023, estableció un protocolo de seguridad para el interno Miguel Insfrán, en el que se disponía el uso restringido del teléfono celular, informó Liz Acosta, periodista de Última Hora.
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El ofrecimiento de dinero realizado por el coronel Luis María Belotto y por Ada Lidia Ale de Belotto lo realizaron por pedido del abogado Miguel Mendieta, representante convencional del procesado Miguel Insfrán, siendo incluso él la persona que entregó el dinero para el pago al funcionario público, lo que se corrobora con las testimoniales ofrecidas, la extracción de datos de los teléfonos celulares y los informes remitidos por la Dirección de Servicio de Justicia Militar.
“Conforme a lo expresado, analizado conjuntamente con los elementos probatorios ofrecidos, se puede establecer que los procesados conocían lo que estaban realizando y anhelaban el resultado, puesto que los autores recibirían un beneficio económico por ello y el instigador lograría proporcionar el teléfono celular a su defendido, por lo que las conductas son dolosas”, expresó la Fiscalía.
La Fiscalía consideró que se hallan reunidos los presupuestos para una acusación, “siendo indudable que son autores del hecho punible de soborno agravado, lo que amerita que la causa sea dilucidada en un juicio oral y público”.
