Asunción no ha conocido de grandes reformas desde la finalización de la Guerra contra la Triple Alianza. Antes de este suceso, la ciudad no se había extendido demasiado del cerco de troncos que le habían puesto límites el poblado de los comienzos; más de 300 años atrás.
Tanto que “las reformas” impuestas por nuestro Supremo Dictador en 1821, siguió cuadriculando el territorio de la República hasta los más de 200 años siguientes.
Hubo algunos cambios sin que aparentemente ningún Gobierno se preocupara de que a pesar de ellos, se conservaran al menos algunos de los atributos iniciales.
Especialmente de cuando a mediados del siglo XX, nuestras ínfulas de “progreso” ni siquiera nos advirtieran que NO todo lo nuevo era “adelanto” y que no todo lo “moderno” era progreso. Y que además, ningún progreso era posible SIN las ventajas de la planificación. Por lo que en la actualidad, todavía tenemos que hacer frente a complicaciones funcionales que se vienen heredando desde nuestros tiempos de colonia.
Y para los que ni siquiera sirvieron de ejemplo los pocos buenos gobiernos desde la emancipación en adelante. O, sin que la ebullición tecnológica desde los primeros años del siglo XX, nos indujeran más que los lamentos por nuestra mediterraneidad, la sempiterna inestabilidad política y la ancestral pobreza que nos castiga desde tiempos inmemoriales.
Como ejemplo de lo afirmado, debería considerarse que desde mediados del siglo anterior, hemos observado la evolución tecnológica que en el mundo entero ha mejorado el funcionamiento de los núcleos urbanos. En el Paraguay, no.
Debido a que la elección de intendentes y nuestras expectativas democráticas abiertas hacia finales los 1800, hicieron que prácticamente cualquiera se pusiera tiro del cargo: Ciudadanos dedicados profesionalmente a la política; junto a médicos, abogados, economistas, ingenieros, contadores, comerciantes y cualquiera –entre mujeres y varones– que se aproximara a la función con la celebrada capacidad de la lectura y escritura. Ni siquiera teniendo como respaldo de su Partido o grupo de apoyo, algunos de ellos/as, tuviera alguna concepción urbanística ante los problemas urbanos.
Como tampoco los “ciudadanos convencionales” del 92, atinaran a legislar alguna previsión más o menos lógica, de forma a que nuestras ciudades funcionaran mejor. Por lo que en consecuencia, tenemos lo que tenemos.
No obstante, debería entenderse, más allá o más acá de los derechos populares, de derechas o izquierdas, de colores partidarios o de afectos familiares, que los cargos públicos NO SON para ganar dinero. Tal vez el modesto y correspondiente salario que debería corresponder a la prestación de un servicio útil. Tal como debe ser y nada más.
Ya sabemos que esta concepción no está muy bien valorada en el ámbito político-partidario, aunque los representantes debieran contar con un “saber” MAYOR de lo que ellos –en promedio– saben. Junto a una serie de otros atributos con los que deberían contar, generalmente.
En especial, que nuestros problemas urbanos se originan fuera de los límites de la ciudad. Situación que ya debería obligar una mirada correctiva a la ley orgánica correspondiente. Así como también considerar el aumento poblacional asunceno y la irrupción de nuevas tipologías sociales o familiares. Además de las reformas educativas que nos permitan acompañar el progreso del mundo.
Ya es hora de que cuando hablemos de reformas, también entendamos que la intrincada red de calles que nos dejó “la revolución loteadora” de la posguerra del 70; solo se limitó a serpentear en medio de los “caminos reales” de los tiempos coloniales. Y que mientras la revolución industrial y el siglo XX, aportaban tecnología y creatividad para los nacientes conflictos urbanos, las mentes de por aquí, no brillaron más que los destellos de algún semáforo.
Hasta que más recientemente y gracias a la mayoría absoluta y la unidad granítica de “actuales tiempos pasados”, atropellamos reiteradamente, la sensatez y la Carta Magna, para continuar “obras de progreso” mediante las cuales el Ministerio de Obras Públicas siga demostrándonos que la lealtad partidaria funciona mejor que el cuento de la autonomía municipal y la descentralización del Estado. Ilusiones que llevamos en nuestras alforjas de sueños, desde la Constituyente del 92.
Hay que hacer “obras de progreso” es la consigna. Porque sin obras, “no se moviliza la economía”. Sin obras, no hay contratos… y sin contratos, no hay contribución a las campañas electorales. Y sin estas, no hay candidatos, ni democracia; ni reconocimientos internacionales y, con obras, se reduce la desocupación laboral. Como tampoco hay préstamos ni viajes ni viáticos…. ¿Falta algo?
Pero con las obras de progreso ya concretadas, toda la gente común extrapartidaria, que YA fue expulsada de la ciudad y, las que serán expulsadas próximamente con las “nuevas obras”, tendrá que seguir esperando. O peregrinar, de bus en bus –durante tres a cinco horas por día– desde su “barrio modelo” hasta un lugar de trabajo, si es que tiene alguno.
Total, también hay planes para adquisición de vehículos o, para “el sueño de la casa propia”; a pocas “horitas de la ciudad”, sin servicios esenciales y sin escuelas.
Es el mecanismo hipnótico cuyos mecanismos junta la política partidaria y “el sistema de negocios”. Para que sus beneficiarios, eso que llamamos “el pueblo”, siga añorando como lo escribiera Víctor Hugo: “Aquellos tiempos felices, cuando éramos tan desdichados”.
