El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, acudió a la convocatoria de la Comisión Permanente del Congreso ayer, donde el ambiente se fue calentando con cruces de palabras entre oficialistas y opositores.
Brítez habló de su trayectoria y solvencia económica para desacreditar cualquier acusación de corrupción. Atribuye estos cuestionamientos a una persecución política, lo que enfureció aún más a un sector de la oposición.
El presidente de la Permanente, Colym Soroka, calificó la reunión como una “casi interpelación” y anunció un pedido de conformación de una Bicameral para revisar la Carta Orgánica del IPS, que desde 1943 tuvo adendas que no solucionaron el problema. Mencionó que la idea es ayudar a la previsional a recuperar alrededor de USD 600 millones que le adeuda el Estado en concepto de aportes.
Sobre este punto, Brítez habló especialmente de la posibilidad de reducir beneficios a los aportantes. “Elevar el aporte o limitar los servicios, de repente tenemos la situación de que un cotizante que está aportando sueldo mínimo y tiene 10 familiares a los cuales asistir y eso es imposible”, explicó. Además, se jactó del apoyo de Santiago Peña a su gestión.
El diputado independiente Rubén Rubin abandonó ofuscado la sala alrededor de las 10:30 y dijo que el manejo del IPS “es un carnaval”. “No hay un problema administrativo. No hay un problema de flujo de dinero. Hay un problema de corrupción”, sentenció.
Se dirigió sobre todo al presidente Santiago Peña por preocuparse más por sus viajes al exterior y su relación con Donald Trump. Indicó que conversará con el vicepresidente Pedro Alliana, quien a su criterio, ejerce mejor la presidencia y adelantó que buscará la salida de Brítez y todo su equipo.
“Estoy hablando con el equipo legal a ver si es que podemos hacer un juicio político o no, vamos a ver qué nos permite la Constitución. Yo el martes quisiera que se empiece a debatir la interpelación al equipo de Brítez del IPS”, continuó.
Hubo cruce de palabras entre el senador Líder Amarilla (PLRA), quien se quejó del gobierno anterior, y el colorado Colym Soroka, a quien no le gustó la acusación.
“No pudieron por inútiles ustedes”, se escuchaba de fondo hasta que la transmisión se interrumpió, supuestamente por problemas de conexión de internet. Minutos antes, Líder trató de corrupto o al menos inoperante al titular de IPS, y apuntó al partido de gobierno. “Esto siempre fue la vaca lechera del Partido Colorado”. El problema es que se van a tragar la vaca completa en esta administración”, arremetió el liberal, desatando la reacción de Soroka.
La proponente del encuentro fue la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), quien recibió una serie de denuncias sobre falta de medicamentos, mala atención en call center, falta de funcionamiento de máquinas, baños sucios y predios destrozados. Durante la reunión insistió con preguntas sobre la situación de propiedades de la previsional que son arrendadas y que serían fuentes de “cajas paralelas”.
Asimismo anunció que ya no perderá el tiempo con pedidos de informes y que desde el jueves estará en las instalaciones del IPS para buscar personalmente respuestas a sus consultas.
“Como mañana (hoy) tenemos la última sesión de la Comisión Permanente, el jueves me voy a ir a instalar en la parte administrativa del IPS, así que no voy a andar con rodeos, con tema de pedidos de informes que no nos contestan todo, porque ya lo han hecho; me voy a ir al IPS a instalarme como una funcionaria más y que me muestren lo que hoy les voy a pedir, que me den explicaciones de las graves irregularidades que hoy voy a estar preguntando”, dijo antes de ingresar a la sala.
¿Por qué no hay medicamentos? ¿Cuánto es la deuda de IPS con las farmacéuticas? ¿Cuánto debe a IPS la firma Avispón y la zona Isla de Francia? ¿Qué hicieron con los inmuebles de San Bernardino? ¿Hay contratos para el arrendamiento de inmuebles de Ciudad del Este? son algunas preguntas que planteó Vallejo durante la reunión.
“Es una causa personal para mí en este 2026, no les voy a dejar en paz”, advirtió.
Otro de los duros cuestionamientos fue el cobro de honorarios por parte del asesor jurídico José González en litigios judiciales contra empresas, teniendo en cuenta que ya goza de salario en la institución.
González se defendió argumentando que la ley establece este pago de honorarios y que además es un incentivo para los funcionarios para obtener resultados. Agregó que, por ejemplo, una empresa terminó pagando G. 9.300 millones y otra G. 1.100 millones, en tanto que se iniciaron juicios por USD 50 millones.
De esta manera también justificó el aumento de su patrimonio económico en 15 meses, que pasó de G. 276 millones en setiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025, según sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República.
El titular de IPS comentó que se cuenta con angiógrafo en el Hospital Central y en su intervención se dirigió a la familia de Braulio Vázquez, quien falleció tras una larga espera para realizarse una intervención por la falta de máquina.
“Acompaño de corazón a su familia en este momento tan difícil, les aseguro que su partida no va a quedar en la nada, es la prueba más cruda de que las carencias históricas de nuestra institución y la pesada burocracia estatal, tristemente nos impide llegar a tiempo. Esta tragedia nos exige cambiar el sistema de raíz”, expresó.
En ese sentido, culpó a los procesos licitatorios la demora del mantenimiento de aparatos.
Lejos de pedir su destitución, el oficialismo respaldó a Brítez y lanzó la propuesta de ayudar a través de una Bicameral.
“Coincidimos plenamente en la situación de crisis que vive la previsional, una situación que ya realmente abre tal vez en el corazón y en el sentimiento de las personas y más todavía en los asegurados, y la idea es agarrar esa posta de fuego institucional y parlamentariamente para encontrar una salida, o si no esto va a ser solamente un centro de crítica”, señaló Soroka, quien en un momento candente hasta amenazó con terminar la reunión.
Asesor habla de una regulación de cobros
El abogado José González Maldonado, asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), justificó el aumento de su patrimonio económico en 15 meses, que pasó de G. 276 millones en setiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025, según sus declaraciones juradas.
Ante la denuncia sobre este caso, la Contraloría ordenó la apertura de un examen de correspondencia.
González, en comunicación con Radio Monumental 1080 AM, afirmó que el aumento patrimonial se debió a regulación de cobros de honorarios.
“La Ley 2796/2005 permite a los asesores jurídicos y auxiliares de Justicia justipreciar sus honorarios. En segundo lugar, el IPS no me abonó un solo guaraní. Este ingreso fue resultado de un juicio ganado en todas las instancias contra el Consorcio Hotelero Sudamericano”, explicó.
Detalló que un acuerdo extrajudicial con una empresa derivó en pagos millonarios a la previsional.
“En 2024, la empresa pagó G. 7.500 millones y, en 2025, otros G. 1.900 millones. Como resultado de ese acuerdo se justificó el honorario, aprobado por el Consejo de Administración del IPS”, aseguró.
El representante legal insistió en que cumplió con todas las obligaciones fiscales en el momento de percibir el dinero. “He pagado el impuesto correspondiente, se facturó y se abonó el IVA. No tengo nada que esconder. Declaré mi patrimonio porque la ley me obliga”, sostuvo. “El legislador previó que los asesores jurídicos puedan justificar sus honorarios. Podemos estar de acuerdo o no, pero la ley está vigente y me ampara”, aseguró.
