La lucha judicial se inició en el año 2001, en la administración de Javier Zacarías Irún, cuando todos los que participaron de una huelga fueron echados de la Comuna basados en una declaración de ilegalidad de huelga que aún no estaba firme.
La reducción de los números se dio tras detectar que varios juicios caducaron. “El número solicitado al principio estaba en torno a las 157 mil millones de guaraníes y el equipo jurídico de la Municipalidad, conforme a los documentos legales que se tienen, alega que es de 19 mil millones de guaraníes y unos 2 mil millones de guaraníes se están pagando”, explicó el economista Daniel Pereira Mujica, director general de la Comuna.
CASO. Por su parte, Rogelio Núñez, secretario del Sitramucde, dijo que fue una lucha desigual en el ámbito judicial. “Te imaginas tener un contrario de la categoría de Zacarías Irún y tener que enfrentarlo solo”. El intendente Miguel Prieto anunció que se ahorrarían unos G. 157 mil millones sobre pago de indemnizaciones en un juicio supuestamente caducado, anulando un acuerdo firmado entre Sandra Zacarías y el Sitramucde.
El sindicato como respuesta plantea que la Comuna revea su decisión y se escuche el dictamen del arbitraje que habían establecido en común acuerdo, para buscar una salida a 11 demandas judiciales por derechos laborales. WF
