La versión oficial de Toyota justificó el histórico traslado por la situación geográfica de Texas, pero las autoridades texanas la atribuyeron a los 40 millones de dólares que el estado ha ofrecido a la multinacional japonesa si cumple sus promesas.
El gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, aseguró en un comunicado que Toyota “entiende que Texas ofrece una combinación amigable para los empleadores de bajos impuestos, tribunales justos, regulaciones inteligentes y una fuerza laboral de primera categoría”.
Perry, un político en primera línea que lleva 14 años gobernando en Texas y que deja intuir un segundo asalto a la política nacional, sostiene que unas sesenta empresas han decidido trasladarse al estado sureño desde julio de 2012.
El estado con la mayor economía del país, California, es el principal foco de la estrategia de Texas, que es la segunda región en dólares generados y acusa a su competidor de tener un sistema demasiado regulado y con un exceso de impuestos y tasas.
Perry visitó esta primavera California, sede hasta ahora de Toyota, y su núcleo tecnológico, Silicon Valley, en búsqueda de empresas que quieran trasladarse a Texas.
El grupo de presión American for Economic Freedom, a favor de bajar impuestos y empequeñecer las regulaciones, invirtió entonces decenas de miles de dólares en un anuncio televisivo en el que el gobernador comparaba Texas con su rival de la costa oeste.
De hecho, el organismo público Texas Enterprise Fund, que distribuye los incentivos económicos y fiscales para las empresas, ya apuntaba en su memoria de 2011-2012 que un 20 % de las nuevas compañías procedían de California.
Varios listados nacionales destacan el clima positivo para instalar negocios en Texas, es una de las zonas del país con menor carga fiscal, no hay impuesto estatal sobre la renta y no existe la obligación de que los trabajadores se sindiquen.
Las autoridades texanas sostienen que Toyota optó por Texas gracias a los incentivos económicos, los impuestos bajos y la mano de obra preparada, pero la versión oficial de la compañía nipona se centra en la ideal localización de Texas dentro de la primera potencia mundial.
Es, en efecto, un comentario recurrente en Texas, una economía de 26 millones de habitantes que está a un máximo de cuatro horas en avión de cualquier punto del inmenso país; que cuenta con dos grandes centros de conexión área y que está en un huso horario entre el de Nueva York y el de Los Ángeles.
Además, según los recuentos oficiales, Texas tiene más millas de carreteras y más vías férreas de carga que cualquier otro estado y cuenta en el golfo de México con once puertos de aguas profundas para transportar mercancías.
Para Toyota, contar con su sede central en Texas encaja bien con su actual realidad -vende la mayoría de sus vehículos estadounidenses en el mercado nacional- y con el músculo industrial que ya tiene en el sur del país -cuenta con plantas de producción en Misisipi, Alabama, Kentucky y Texas-.
En San Antonio, la segunda mayor ciudad de Texas, mantiene unas instalaciones valoradas en 2.300 millones de dólares que sostienen a 2.900 empleados.
Texas calcula que la planta de Toyota en San Antonio y la veintena de proveedores en la zona suman unos 6.000 empleos en una ciudad de 1,3 millones de habitantes.
“Durante la última década, Texas y Toyota han desarrollado una fuerte colaboración que ha generado trabajos bien pagados para miles de texanos”, subrayó Perry, defensor del libre mercado, para justificar que se trata de la mayor ayuda económica a una compañía desde que el estado sureño promueve esta política de incentivos.
Si Toyota destina a su nuevo proyecto en Texas los 300 millones de dólares prometidos y crea 4.000 puestos de empleo, los fondos públicos del estado desembolsarán hasta 40 millones en ayudas.
La oficina del gobernador sitúa estas cifras como condición para obtener los fondos públicos, pero no ha concretado -aunque Efe solicitó esta información- si este dinero es, en su totalidad, una inversión sin retorno o un préstamo a devolver por parte de la empresa.
Rick Perry dejará a finales de este año la Gobernación de Texas, tras 14 años en el cargo, y no descarta -como hizo sin éxito en 2012- volver a presentarse en la carrera republicana para ser candidato a la Presidencia de EE.UU., por lo que los éxitos económicos añaden nuevos logros a su historial político.
Incluso la oficina del gobernador distribuyó durante la semana una compilación de titulares y artículos que elogian al dirigente republicano, como por ejemplo la “Victoria para el gobernador Perry” en “The Wall Street Journal” y otras quince citas, incluido el californiano “Los Angeles Times”, que repite el mismo concepto de triunfo.
Aunque el Congreso de Texas aprueba los presupuestos destinados a los incentivos, las empresas que reciben las ayudas las decide el gobernador o el vicegobernador directamente, lo que para los críticos aumenta el riesgo de favoritismos.
Además, la política de bajos impuestos se ve entre algunos académicos y activistas como un riesgo para los ya tradicionalmente reducidos servicios públicos de Texas, un estado con una creciente desigualdad socioeconómica.
Damià Bonmatí
