Liz Analía Acosta
@lizanaliapy
El abogado penalista Jorge Rolón Luna cuestionó como tardías las reacciones de la Corte Suprema y la Fiscalía ante las estructuras que formarían parte de la mafia de los pagarés dentro del mismo sistema judicial. Mencionó que se deben establecer soluciones radicales hasta “purgar el sistema de jueces corruptos”.
–Van saltando más denuncias sobre la mafia de los pagarés y la investigación se centra todavía en Asunción, ¿cómo se debe abordar?
–Como un problema sistémico y estructural. En el Juzgado de Mariano Roque Alonso, por ejemplo, una sola abogada tiene miles de demandas, que, además, corren sin obstáculo alguno. Es evidente a estas alturas que es un modelo de estafa que ha gangrenado.
No estamos ante casos de “avivados” que aprovechan las falencias del sistema de Justicia. Por el contrario, los Juzgados de Paz son parte esencial de estos negociados.
Todos y cada uno de los Juzgados del país deben ser auditados pues lastimosamente, ante la situación existente debemos sospechar de todos y todas quienes cumplen funciones en ese ámbito. Quienes tengan responsabilidades deben ser juzgados en sede penal; pero aquí hay un problema, la Fiscalía carece de la independencia y la integridad necesarias para afrontar esa limpieza.
–¿Cómo analiza la reacción de la Corte respecto a las auditorías y sumarios iniciados? ¿Y la reacción de la Fiscalía?
–En ambos casos, la reacción fue tardía y tibia, con todas las apariencias de complicidad corporativa. ¿Alguna persona imputada? Ya se habrán deshecho de muchísimas pruebas los responsables de esto. Pero incluso así es imposible ocultar los rastros.
Hay mucha gente del sistema comprometida con esto, por lo que, si se llegara hasta lo último, será bien arriba del propio sistema de Justicia, de actores privados poderosos y de la propia política.
“Too big to fail” (“demasiado grandes para quebrar”), se dijo cuando la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos: Si se castigaba a todos los culpables, el sistema se desmoronaba, así que se perdonó a banqueros muy poderosos, mientras cientos de miles perdieron sus ahorros de toda la vida.
Estamos ante una situación muy parecida, mutatis mutandis. Todo el sistema está podrido: La Justicia, los órganos de control, los otros poderes del Estado, solo cabe un reseteo total y radical que no se ve en el horizonte.
–¿Hasta qué nivel de autoridad están involucrados en estas mafias?
–Hay rumores y, por otro lado, rastros, pistas, que indican que esto llega hasta altos niveles del sistema judicial. Existen publicaciones –nunca negadas– que vinculan a una empresa de cobranzas de las grandes, con un ex ministro de la Corte Suprema, por ejemplo.
Estos vínculos seguirían existiendo hasta hoy, además, con otro ministro de la Corte. Pero, quienes dentro del sistema ven, saben de esto y no levantan la voz o lo denuncian, son también cómplices.
–Expedientes fuera de los Juzgados es algo que denunciaste. ¿Por qué se permite esta práctica?
–Sencillo: Hay complicidad de los Juzgados de Paz. Como los Juzgados no tienen la capacidad de procesar a escala industrial tantas demandas maliciosas y directamente delictivas, delegan sus funciones a las empresas de cobranza, estudios jurídicos y empresas de crédito comprometidas, que funcionan como secretarías de juzgados, los jueces sólo ponen la firma, y cobran, por supuesto.
Así las cosas, las pobres víctimas no tienen ninguna posibilidad de ganar estos casos, porque la cancha está inclinada desde antes del pitazo inicial.
–¿Es posible una barrida general para terminar con estos esquemas?
–Hay que diferenciar entre “posible” y “probable” para comprender el problema. De ser posible, claro que lo es; ahora, lo veo altamente improbable por todas las complicidades existentes.
Es un negocio demasiado grande y mucha gente poderosa siendo parte, por lo que la cadena de complicidades arrastraría a demasiada gente. Además, llegar hasta el fondo implicaría dejar al descubierto estas vergonzosas estructuras, que cuestionan fuertemente el carácter republicano y democrático de nuestras instituciones.
–¿Que no se exterminen estos esquemas, cómo deja al sistema de Justicia?
–Es un baldón de ignominia para todo el sistema judicial y para el propio Estado paraguayo. ¿De qué democracia podemos hablar si jueces son cómplices de estafas sistemáticas a ciudadanos honestos que, a duras penas, llegan a fin de mes? Que grupos criminales organizados actúen asociados directamente con jueces es propio de Estados fallidos, no de Repúblicas ni de democracias mínimamente institucionalizadas.
–¿Cómo se organizan estas estructuras para operar?
–Estas roscas operan sobre un grave problema social y económico: El alto endeudamiento de la gente.
Los Juzgados de Paz juegan un papel fundamental; dan curso a demandas ilegítimas e ilegales, validan documentos apócrifos, dejan en indefensión a los deudores al no notificarlos, embargan salarios sin dilación, liquidan las deudas inflando demencialmente los montos.
Son varias las modalidades: Se falsifican pagarés, se vuelven a cobrar una, dos, tres veces, se inflan las deudas originales. Los actores privados fidelizan a jueces, juezas, funcionarios de los Juzgados de Paz, otorgándoles una parte del pastel, que es muy sustancioso. Es un negocio de millones de dólares por año.
–Se hablaba de que una solución sería sellar los pagarés judicializados, ¿cómo ves eso?
–Hay muchas medidas que se pueden implementar: Legislativas, administrativas, de control.
Se debe terminar de informatizar el sistema (lo extraño es que los expedientes electrónicos funcionan en distritos del Chaco, pero no en Capital), sellar los pagarés, crear un registro de obligaciones quirografarias (pagarés), tipificar como hecho punible la doble ejecución de pagarés y su no devolución dolosa, auditar permanentemente –y de manera seria– los Juzgados de Paz, controlar –también seriamente– el patrimonio de los magistrados y funcionarios.
Creo que el momento actual amerita soluciones radicales: Deberían suspenderse por seis meses –al menos– los embargos salariales o hasta que se sanee el sistema y purgar el sistema de jueces corruptos, que, lastimosamente, parecen ser mayoría. Se pueden tomar más y mejores medidas, seguramente, pero el sistema carece de la capacidad para autodepurarse, lastimosamente. Mientras, las estafas continúan y los estafadores siguen actuando campantemente al día de hoy.
Jorge Rolón Luna
Es abogado, consultor, docente, especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Ex magistrado judicial, ex miembro de la Comisión Verdad y Justicia, ex comisionado titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Autor de una constitución asediada; El (mal) Estado constitucional de derecho en el Paraguay.
