Los camaristas José Waldir Servín, Silvana Luraghi y Arnulfo Arias confirmaron en forma unánime la resolución del pasado 6 de abril del juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, que dispuso el trámite de oposición.
Durante la audiencia preliminar, en el caso de la fiscala Belinda Bobadilla había requerido la suspensión condicional del procedimiento para los ex ujieres Nicolás Antúnez, Audrey Galeano y Alfredo René Benítez Cabrera, ya que estos colaboraron con las investigaciones.
No obstante, el magistrado no estuvo de acuerdo con la salida procesal requerida por el Ministerio Público, por lo que le dio el trámite de oposición al pedido, de modo que la Fiscalía General se pronunciara al respecto.
Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de Audrey Galeano, y el abogado Mario Antúnez, por la defensa de Nicolás Antúnez Tillería, recurrieron la resolución dictada por el magistrado.
En el caso de la defensa de Galeano, señalan que existe vulneración de las garantías procesales por el hecho de que el juez aceptó los requerimientos de suspensión condicional de los oficiales de justicia Fernando Iván Reyes Pérez y Stella Solans Lezcano Colman, pero no con su defendida.
Lea más: “No puede premiarse” a ujieres, dice abogado que denunció la mafia de pagarés
Con relación a Antúnez, su defensa sostuvo que se violó el principio de inmediatez, ya que supuestamente el juez no estaba durante la preliminar, a más de que supuestamente excedió los límites de sus atribuciones al dar el trámite de oposición.
Respecto a que no estuvo, los camaristas indicaron que en el acta figura que el juez está presente y no existe ninguna nota de la defensa al respecto.
Además, señalaron que la oposición del juez Estigarribia al pedido de suspensión está fundada, ya que el magistrado expresó los motivos de hecho y de derecho en que se basa su decisión de no conceder la salida alternativa.
Incluso, remarcan que el magistrado había expresado que lo requerido por el fiscal no resulta congruente con la magnitud y gravedad de los hechos atribuidos, ni con el grado de intervención funcional de los imputados.
Con ello, ratificaron la resolución dictada por el magistrado en ambos casos. La causa se destraba y el expediente podrá ser remitido a la Fiscalía General del Estado, que deberá ratificar el pedido de suspensión condicional o presentar acusación.
