El titular del INDI, Édgar Olmedo, en una comunicación con radio Monumental 1080 AM deslegitimó la movilización indígena que se desarrolló a finales de setiembre pasado contra la ley que aumenta las penas para las invasiones de tierras, que en ese momento era tratada por el Poder Legislativo.
La norma se aprobó en el Congreso y meteóricamente se promulgó por el Ejecutivo. Sin embargo, la Iglesia Católica condenó esto en forma unánime durante las festividades de la Virgen de Caacupé.
Olmedo mencionó que los tres poderes del Estado se ocuparán ahora de establecer una mesa de diálogo con la presencia de la Iglesia Católica para abordar la problemática concerniente a las comunidades indígenas.
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El presidente del Indi no quiso sentar una postura sobre la criminalización de las invasiones durante el tratamiento de la ley en el Parlamento y señaló que el impacto de esta normativa en las comunidades nativas sería mínimo.
Sin embargo, este jueves alegó que “la criminalización no es la solución” al problema de los pueblos indígenas. Agregó que la solución es ver si el Estado está en condiciones de aplicar una verdadera reforma agraria para poder dar tierras.
“Analizando objetivamente la ampliación de la pena no era como algo direccionado a los pueblos indígenas. Esa es la realidad”, evaluó en un momento.
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“No te voy a ocultar que las movilizaciones indígenas fueron financiadas por sectores de izquierda y sectores empresariales, que están lucrando con tierras indígenas, que creyeron que con la ampliación de la pena se verían amenazados sus intereses”, lanzó. No obstante, no mencionó datos concretos sobre las personas que supuestamente financian las protestas, ni tampoco quiénes reciben el dinero.
Posteriormente sostuvo que “actualmente solo nueve casos de comunidades indígenas están judicializados, lo que no representa ni al 1% de la población indígena”, aseguró.
El proyecto de ley que modifica el Código Penal para aplicar penas más altas, de hasta 10 años, y convertir de ese modo en crimen las invasiones de propiedades, que ahora es ley, había generado varias protestas en todo el país durante su tratamiento en el Congreso.
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En su momento se habían producido incidentes en la Plaza de Armas, frente al Congreso, cierres de rutas en el interior del país, hasta se bloqueó en forma intermitente el acceso al país en Ciudad del Este, Alto Paraná.
Incluso, días previos, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) en forma pacífica, mediante un escrito ingresado al Congreso, pidió el rechazo del proyecto de ley.
El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), mediante una carta abierta, se dirigió el lunes pasado a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, reclamó el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, el derecho a la propiedad de todos los paraguayos, y recomendaron derogar la ley de invasiones.
