Tras el operativo Pavo Real, que desarticuló parte de la estructura criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, se reveló que el Ministerio de la Defensa Pública alquiló por cinco años en Pedro Juan Caballero un inmueble ligado al esquema de lavado del narco, por más de G. 1.300 millones.
Al respecto, la actual defensora general, Lorena Segovia, refirió en comunicación con Última Hora que recién ahora tomó conocimiento de la situación de la firma y que el contrato corresponde a la anterior administración.
Sostuvo que la entidad a su cargo alquiló la propiedad ligada a Pavão hasta el año 2018, mientras que ella asumió como defensora general en el 2019.
Nota relacionada: Defensoría alquiló inmueble de empresa de maletín de Pavão
Asimismo, recalcó que cuando ella se puso al frente de la institución ya se utilizó otro inmueble para la sede de Pedro Juan Caballero, mientras que en el 2020 se mudaron a un local propio.
“Bajo mi administración se termina la sede propia de Pedro Juan Caballero y nos mudamos desde el 2020. Hoy tomamos conocimiento de la situación en la cual se encontraba la sociedad anónima que contrató con la Defensoría, pero que yo no tenía conocimiento de eso porque cuando yo asumí la titularidad ya estaban en otras sedes”, aseveró la funcionaria.
Acotó que, desde que asumió, se encargó de gestionar para que el Ministerio cuente con sedes propias para el fortalecimiento institucional y ejemplificó que justamente este viernes inaugurarán una nueva en Salto del Guairá, en el Departamento de Canindeyú.
Manifestó que su administración está a disposición para colaborar con la investigación del caso brindando informaciones, las cuales también se encuentran disponibles en la página web de la institución.
El caso
De acuerdo con el portal de Contrataciones Públicas, la firma Group Emprendimientos alquiló de forma reiterada una propiedad al Ministerio de Defensa Pública sumando contratos por un total de G.1.369.818.384 durante la administración de Noyme Yore.
La firma estaba representada por Jorge Fernando Mora Galeano, uno de los aprehendidos en el operativo Pavo Real, pero el inmueble también figuró como sede en la constitución de la firma Crefisa, representada por Alexandre Rodriguez Chimenes Larson, hermano de Jarvis Chimenes Pavão.
La ex defensora general Yore actualmente es procesada por lesión de confianza por un perjuicio al erario público de G. 5.000 millones, por construcciones que supuestamente no se llegaron a concretar.
Los siguientes contratos continuaron durante el periodo de Selva Morel de Acevedo, quien por su parte es señalada por llamativas designaciones dentro de la entidad, por cargos a su hijo, nuera y sobrinos.
