El Senado trata hoy el proyecto de ley que modifica el Estatuto Agrario en un intento por blanquear las tierras malhabidas en medio de un profundo rechazo de organizaciones campesinas que siguen reclamando el cumplimiento integral de la reforma agraria que establece la propia Constitución Nacional para corregir la apropiación irregular de tierras públicas.
Para comprender el contexto, Juan León, del Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho, explica que en la primera etapa, que coincide con la posguerra de la Triple Alianza, se produjo la extranjerización, proceso en el que 10 a 15 empresas quedaron con la mitad de las tierras del Estado, posteriormente se pasa a la “latifundización criolla” en la dictadura stronista con la distribución de casi 8 millones de hectáreas a militares y personas cercanas al régimen autoritario, datos que fueron difundidos a través de la Comisión de Verdad y Justicia. En la tercera etapa, que corresponde a la transición democrática, se reconoce que el campesinado no estaba incorporado al desarrollo económico del país, una deuda que se trata de saldar con la Constitución Nacional de 1992 y la posterior adecuación del Estatuto Agrario.
Cambios. El principal cuestionamiento a las modificaciones que aprobó la Cámara de Diputados se centra en el artículo 88, que permite la venta de tierras públicas administradas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, por única vez, a los que ocupan “pacíficamente” inmuebles rurales en la Región Oriental y que no sean sujetos de la reforma agraria. Si analizamos el discurso, observamos que con estas expresiones el proyecto en primer lugar hace una diferenciación clasista en los tipos de ocupaciones, ya que por un lado caracteriza con una connotación positiva a los grandes terratenientes ilegales y sugiere que los asentamientos campesinos se instalan de manera violenta.
Las intenciones se vuelven más oscuras en el aspecto jurídico, debido a que este artículo de la propuesta que tuvo media sanción en la Cámara Baja, con una mayoría de mercenarios colorados, favorece a los latifundistas con un precio muy por debajo al mercado para finalmente blanquear el acceso ilegal a tierras públicas. En otro apartado incorpora como beneficiarios a los ganaderos, cuando ya no está habilitada la expansión de esta actividad en la Región Oriental, mientras que excluye como requisito que sea la agricultura la actividad económica principal de los beneficiarios y beneficiarios de la reforma agraria, dando paso a la especulación sobre el acceso a la tierra, a la adecuación de una normativa a un perfil de empresario rural y consecuentemente a la agudización de la desigualdad en el campo, según advierten los centros de estudios De Derecho, Heñói, Base-Is, Centro de Documentación y Estudios, Servicio Paz y Justicia, Red de Entidades Privadas al servicio de los Pueblos Indígenas, entre otros.
Simultáneamente, el proyecto despertó la alarma de trabajadores rurales, que se pronunciaron en contra de la propuesta legislativa mediante varias actividades, desde conversatorios para analizar el impacto de la medida hasta las movilizaciones, especialmente en Misiones, Guairá, San Pedro, Caaguazú y Canindeyú, donde cuenta con bases la Federación Nacional Campesina.
La Comisión de Reforma Agraria del Senado dictaminó por el rechazo del proyecto y todo apunta a que el pleno seguirá la recomendación, lo que aún no significa una victoria para los campesinos que defienden el estatuto agrario, ya que el documento pasará nuevamente a la Cámara de Diputados.
El propio Indert se pronunció en contra de la propuesta, pero para algunos sectores esta posición es solo parte de una negociación en el Congreso Nacional, donde varios legisladores, especialmente de partidos tradicionales, que representan los intereses de latifundistas, deberán echar sus cartas en detrimento de la población que reúne los requisitos para el acceso a tierras públicas.
