Es que tenemos dos camaristas, que en general no tienen denuncias sobre su tarea en la Justicia. Además, con respecto a la ex ministra, tampoco tuvo muchos reparos en su tarea al frente del Ministerio de Justicia y de otros cargos.
Emiliano Rolón Fernández es conocido catedrático, estudioso del Derecho, ex juez de Garantías y camarista, ahora inamovible. Es más, estuvo en dos ternas para ser ministro de la Corte Suprema. Entre sus causas más significativas estuvo el conocido caso Curuguaty, como integrante de la Corte Suprema ante la inhibición de los ministros.
En ese fallo, había anulado dos sentencias, del Tribunal de Sentencia y de Apelaciones, y junto con sus colegas, absolvieron a todos los acusados. También dictó con sus colegas la resolución por la que se anuló la elevación a juicio oral del caso Detave, específicamente las escuchas telefónicas, por la no participación del fiscal ni del juez.
Gustavo Santander, por su parte, empezó como juez de Paz. Luego pasó a ser magistrado de Liquidación y Sentencia, luego de Sentencia, actuando en varios juicios orales. Finalmente, llegó a camarista, donde ya adquirió inamovilidad. También estuvo en una terna para ser ministro de la Corte Suprema.
Además, fue presidente de la Asociación de Magistrados, y tampoco se le conocen hechos de corrupción. En sus resoluciones, tuvo varias donde votó a favor de la aplicación correcta de la ley, junto a su ex colega Pedro Mayor Martínez.
Finalmente, la ex ministra Cecilia Pérez, quien también estuvo en el Poder Judicial. Fue actuaria del Tribunal de Apelación, luego defensora Pública en lo Penal. Estuvo en la defensa de Víctor Daniel Paiva, en el conocido caso del Ycuá Bolaños, en el primer juicio oral.
Se desempeñó luego en la actividad privada, también muy estudiosa del Derecho. Fue llamada para ser primero viceministra y luego ministra de Justicia. En ese cargo, en uno de los motines, ingresó al penal de Tacumbú a dialogar con los presos. Luego, fue asesora del presidente. Era una de quienes se dijo ser la candidata del primer mandatario.
De lo dicho, tenemos que, por lo menos en mi opinión, no les falta valentía para desempeñar el cargo, que es uno de los requisitos que debe tener, ya que estará a cargo de la persecución penal pública. Y ahí es donde tienen que ser valientes para investigar los casos de corrupción pública, donde existen grandes intereses en juego.
Pero, lo principal es que debe hacer que los agentes fiscales realmente investiguen los delitos, que cumplan con la ley, que puedan probar los hechos punibles, y no esas imputaciones, muchas veces antojadizas, a pedido de la gradería.
Incluso, en varios casos, los jueces devolvieron la imputación por no cumplir con los requisitos mínimos, por lo que los fiscales retiraron finalmente el caso, al darse cuenta de que no tenían los requisitos.
El caso es que varias de las imputaciones fiscales estaban tan mal hechas, que la misma Corte tuvo que sacar una acordada con los requisitos que deben cumplirse para recordarles cómo debía hacerse y qué puntos tienen que cumplir.
No obstante, la tarea más difícil del o de la nueva fiscal general del Estado será la de recuperar la credibilidad ante la ciudadanía. Es que los últimos años, aún con la primera mujer al frente del Ministerio Público, esto se perdió totalmente por la forma en que maneja la institución.
Ahora, solo resta que el presidente elija bien y que los candidatos, a priori bien considerados por la opinión pública, cumplan con las expectativas creadas desde la elección de la terna. Es un cargo muy importante para el país por la institución que dirigen.
